La Comisión Mixta ha resuelto las discrepancias sobre el proyecto de ley que establece un nuevo sistema de fraccionamiento pesquero. Se ha fijado una distribución del 55% de la cuota de merluza común para el sector industrial y del 45% para el artesanal, aplicable cuando la cuota global anual sea igual o inferior a 35.020 toneladas.
Si la cuota total supera este umbral, el excedente se destinará completamente al sector artesanal. El presidente de la Comisión, senador Fidel Espinoza, señaló que la solución alcanzada «salvaguarda posiciones y equilibrio».
Este régimen se aplicará en el área marítima que abarca desde las regiones de Coquimbo hasta Los Lagos.
En lo referente al besugo, especie asociada a la merluza, se ha decidido un reparto del 95% para el sector industrial y del 5% para el artesanal, que solo será válido si el Comité Científico no recomienda la veda. El argumento a favor de esta distribución se basa en la profundidad del recurso, que favorece su captura industrial.
Durante la misma sesión, se aprobó también una indicación del Ejecutivo que establece una patente especial de 1,3 UTM por tonelada para la pesca industrial que reciba cuota de jurel asignada por otros países. La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, explicó que esta patente compensará la reducción en la recaudación derivada del nuevo esquema de fraccionamiento.
Fiscalización y próximos pasos
En cuanto al control, la Comisión también aprobó normas de certificación para desembarques, garantizando fiscalización presencial para ambos sectores, tal como destacó el ministro de Economía, Nicolás Grau.
Al concluir la sesión, el senador Fidel Espinoza valoró que “por primera vez se discute un fraccionamiento pesquería por pesquería”. Sin embargo, el senador David Sandoval manifestó su preocupación sobre los cambios en el informe financiero y su tratamiento reglamentario en la Sala.
El informe de la Comisión Mixta será sometido a votación en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado. El objetivo de este acuerdo es resolver disputas históricas en la distribución de recursos pesqueros estratégicos.
La diputada María Candelaria Acevedo (PC) criticó el acuerdo alcanzado: “Hemos fallado al mundo artesanal, cediendo a las presiones de la industria, que desató una campaña del terror desde el inicio de la discusión amenazando con despidos y cierres de plantas, solo para perpetuar los privilegios que les otorgó la corrupta ley Longueira”.
“Con este acuerdo del 55% de la merluza común para la industria, que perjudica a la pesca artesanal, estamos enviando una mala señal, más aún cuando existía un consenso del 50% para cada sector, como hemos planteado en varias ocasiones, especialmente considerando la situación en la región del Bío Bío”, añadió.
Con Información de hoysantiago.cl