La comisión investigadora sobre seguridad marítima y pesquera ha aprobado, de manera unánime, su informe final referente al Caso Bruma.
La investigación detectó significativas deficiencias en el sistema nacional de búsqueda y rescate, así como la falta de protección laboral para los pescadores artesanales.
El informe revela importantes fallas estructurales en el Sistema Nacional de Seguridad Marítima y de Búsqueda y Rescate (SAR), las cuales impactaron negativamente las operaciones para localizar a los pescadores artesanales desaparecidos tras el incidente con la embarcación industrial Cobra, ocurrido el 30 de marzo de 2025.
El documento aprobado señala retrasos injustificados en la activación de protocolos de rescate, carencias tecnológicas críticas y una falta de coordinación entre instituciones. Además, resalta la desprotección social que enfrentan los pescadores artesanales y sus familias, quienes no cuentan con seguros obligatorios y se encuentran en un vacío normativo respecto a su situación laboral.
Ante esta situación, el informe propone una serie de medidas legales, reglamentarias y administrativas para optimizar los tiempos de respuesta y mejorar la normativa laboral, enfocándose en la protección de los trabajadores del sector.
Propuestas tras el Caso Bruma
La comisión investigadora destaca la necesidad de implementar modificaciones en las siguientes normas:
– Actualizar la ley N°21.500, que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas, para incluir aspectos específicos relacionados con el ámbito marítimo.
– Reforzar el deber de auxilio y la custodia de evidencias en asuntos de navegación, asegurando que, tras un siniestro marítimo, se actúe con rigor legal y técnico.
– Tipificar penalmente la manipulación fraudulenta o destrucción de registros audiovisuales a bordo, ya que no existe actualmente una sanción específica para quienes alteren o eliminen de forma fraudulenta registros de bitácora o grabaciones.
– Incorporar la obligación de denuncia en la Ley de Navegación, en concordancia con el Código Procesal Penal.
– Modernizar el Reglamento Nacional de Arqueo de Naves en la Ley General de Pesca y Acuicultura, en lo relativo a control y vigilancia.
– Actualizar la ley 18.948, Orgánica Constitucional de la Armada de Chile, y la normativa SAR, para fomentar la creación de un centro de respuesta marítima.
– Reformar el Código Civil en lo que respecta a la declaración de muerte presunta para los trabajadores de la pesca artesanal.
– Aumentar la fiscalización del consumo de alcohol y drogas en el ámbito marítimo.
(Fuente: cámara)
Con Información de www.lanacion.cl
