El Colegio de Profesores ha manifestado fuertes críticas ante el oficio enviado por la Contraloría General de la República (CGR) a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), solicitando información sobre los descuentos salariales a los docentes que participaron en el paro nacional.
Hoy, el gremio docente realizó su segundo día de un paro nacional de 48 horas, convocado por el Colegio de Profesores, debido a una respuesta que consideran “insuficiente” por parte del gobierno sobre su agenda corta.
Mario Aguilar, presidente del gremio, arremetió contra la contralora, Dorothy Pérez, durante un discurso en una masiva manifestación en Valparaíso, calificando su actuación como “antitrabajadores”.
En medio de la protesta, Aguilar se dirigió a los asistentes y criticó “un dictamen de la contralora que ha socavado la confianza legítima. En primer lugar, una acción antitrabajadores. Luego, afirma que toda movilización debe ser sancionada, instando a cada SLEP a informar sobre las medidas para penalizar a los docentes presentes aquí”.
En este contexto, aseguró que las autoridades buscan que los trabajadores “sean sumisos, que se conviertan en esclavos, que bajen la cabeza… quieren un país de esclavos, y nosotros nunca más cederemos, jamás nos rendiremos. Que cada amenaza fortalezca nuestra convicción”.
La movilización de 48 horas, que comenzó el martes, es una respuesta a las “insuficientes respuestas” del Ministerio de Educación (Mineduc) en relación con los seis puntos de la agenda corta planteada por el gremio.
En este marco, la Contraloría emitió un pronunciamiento sobre el paro docente, remitiendo un oficio a los SLEP, donde destacó que “las entidades de la Administración del Estado deben cumplir con los principios de continuidad del servicio público, eficiencia y eficacia, lo que implica satisfacer las necesidades colectivas de manera regular y continua”.
En el dictamen N° 52.122, la Contraloría especifica que “la ausencia de los servidores públicos por adherir voluntariamente a una paralización irregular conlleva el descuento de sus remuneraciones por el tiempo no trabajado, ya que dicha situación no justifica la inasistencia”.
Asimismo, la Contraloría solicitó a estas entidades que informen sobre las medidas adoptadas para mantener la continuidad del servicio durante la paralización, así como sobre las acciones para aplicar los descuentos salariales correspondientes.
Por su parte, la organización Escuelas Abiertas aplaudió el oficio de la Contraloría, afirmando que “esta fiscalización es crucial para asegurar el uso adecuado de los recursos públicos y la continuidad de las clases, que son un derecho fundamental para todos los estudiantes”.
Manifestaron su deseo de que los descuentos se implementen efectivamente; de lo contrario, el costo para el fisco sería elevado. Alertaron también sobre las pérdidas derivadas del paro docente, indicando que, según cifras del Mineduc, la adhesión fue del 20% en los establecimientos públicos a nivel nacional.
Escuelas Abiertas calculó que el costo de la paralización en esos establecimientos podría ascender a US$20 millones. “Basándonos en la información pública, estimamos un costo promedio por establecimiento de 5 millones de pesos diarios. Con un 20% de participación, el costo diario por el paro sería de US$10 millones. Dado que la movilización fue de dos días, el total para el fisco se elevaría a US$20 millones en subvenciones”, señalaron.
“En resumen, estos son recursos públicos que deberían destinarse a garantizar una educación de calidad y no a cubrir días de clases no realizados”, concluyeron.
Es importante destacar que el gremio ha advertido que no descarta un paro indefinido si el Ministerio de Educación no responde a su solicitud de agenda corta.
Con Información de www.lanacion.cl