El Colegio de Periodistas de Chile manifestó su enérgica oposición a la solicitud del Ministerio Público, liderada por la fiscal Paulina Díaz, jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, para interceptar los registros telefónicos de once periodistas. Los afectados son: Francisca Skoknic (La Bot), Gabriela Pizarro (ex The Clinic, actual Ciper), Nicolás Cerpa (ex The Clinic), Leslie Ayala (La Tercera), Catalina Olate (Ciper), Benjamín Miranda (Ciper), Francisca Soto (Ciper), Daniel Meza (Ciper), Paulina Toro (Ciper), Macarena Segovia (Ciper) y Nicolás Sepúlveda (ex Ciper y ahora en Reportea). Esta acción busca identificar sus fuentes en el contexto del denominado «Caso Hermosilla».
“Esta medida, que intentaba acceder a registros de llamadas, datos de georreferenciación y tráfico de datos móviles, constituye una grave amenaza a los derechos fundamentales y a la libertad de prensa, vulnerando así compromisos y garantías internacionales firmados por el Estado de Chile”, indica la declaración del organismo.
Aseguran que este intento de vigilancia es inaceptable y atenta contra el secreto de las fuentes periodísticas, un principio fundamental del periodismo y del Estado de derecho. “Promover acciones como esta equivale a amedrentar a la prensa, debilitando su función social e instaurando un precedente peligroso que busca silenciar investigaciones sobre corrupción e intereses públicos”.
Según el gremio, al «impulsar esta solicitud», la Fiscalía ignora el marco legal y ético que protege la labor informativa y perjudica el derecho de la ciudadanía a estar informada.
El Colegio expresó su apoyo a la decisión del 4º Juzgado de Garantía y de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazaron firmemente esta solicitud, afirmando que las y los periodistas “tienen la calidad de terceros o testigos” y que no existía “mínima convicción” de delito que justificara una medida tan invasiva. Esta resolución reafirma el carácter constitucional del secreto de las fuentes y protege un pilar fundamental para la libertad de prensa en Chile.
Cabe recordar que el secreto profesional, consagrado en la Ley N.º 19.733, establece con claridad que las y los periodistas no pueden ser obligados a revelar sus fuentes, ni siquiera por mandato judicial.
“El Colegio de Periodistas de Chile manifiesta su total solidaridad con los profesionales afectados y reafirma su compromiso con la defensa del secreto profesional, la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo. No toleraremos ningún intento de vulnerar estos principios, que son fundamentales para la democracia y para el derecho ciudadano a recibir información veraz, plural y oportuna”, concluyen.
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