Codelco ha interpuesto una querella criminal contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Francisca Vivanco Martínez, y Víctor Gonzalo Migueles Oteiza, acusándolos de cohecho agravado y lavado de activos. También se señala a los abogados Carlos Eduardo Lagos Herrera y Mario Andrés Vargas Cociña como autores de soborno y lavado de activos. Adicionalmente, se incluye al conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Rodrigo Yáber Lozano; al conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Abraham Anton Najle Alee; y al dueño de una casa de cambios, Harold Pizarro Iturrieta, en calidad de autores de lavado de activos en su modalidad culposa.
La acción legal se basa en pruebas contundentes presentadas por el Ministerio Público durante la formalización de los abogados Vargas, Lagos y el contador Migueles Oteiza. La Fiscalía, en su relato, corroboró las sospechas que Codelco había mantenido desde un principio acerca de la irregularidad en la tramitación de su demanda contra el Consorcio Belaz Movitec (CBM).
En el documento presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Codelco sostiene que las intervenciones citadas por el Ministerio Público coinciden con las irregularidades detectadas desde 2023, que llevaron a sentencias que obligaron a la empresa a desembolsar más de $17 mil millones a favor del consorcio. La querella describe el episodio como un “patrón de comportamiento” en el que la exministra Vivanco habría intervenido repetidamente para acelerar decisiones que favorecieron a CBM.
Además, Codelco detalla que la exministra “realizó gestiones para que la Sala conociera sobre la orden de no innovar y sobre el fondo del recurso… sin que el presidente de la Corte Suprema dictara la resolución correspondiente”. También se menciona que ordenó “la emisión de una resolución que intentó validar el conocimiento del fondo del asunto sin el previo decreto que obligaba a dar cuenta”. El escrito añade que las acciones de la exministra son “infracciones a los deberes de su cargo” a cambio de beneficios económicos para ella y/o su pareja, según la evidencia presentada en la formalización.
La querella incluye eventos que la Fiscalía considera cruciales para probar los delitos de cohecho y soborno, como depósitos en efectivo recibidos por la pareja de la exministra justo después de que Codelco realizara pagos multimillonarios al consorcio. Específicamente, el documento detalla los pagos de Movitec al estudio de Lagos y Vargas en fechas que coinciden con las resoluciones desfavorables para Codelco, y cómo estos fondos eventualmente llegaron a la cuenta corriente de Migueles a través de operaciones atribuidas a Yáber, Najle y Pizarro, destinadas a ocultar el origen de los fondos que la estatal considera ilícitos.
La presentación también recuerda que Codelco fue reconocida como víctima en la investigación iniciada de oficio por el fiscal nacional en septiembre de 2024. Desde entonces, la empresa ha colaborado activamente, aportando información, solicitando diligencias que han generado las principales líneas de investigación que ha llevado a cabo el Ministerio Público, y compareciendo en todas las instancias para contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Con la querella presentada el sábado 15 de noviembre, la estatal busca continuar participando en la investigación con todas las facultades que la ley otorga a los querellantes, con el fin de que se determinen las responsabilidades penales por los delitos de cohecho agravado, soborno y lavado de activos, así como otros que puedan surgir durante la investigación. Codelco subraya que actuará con el máximo rigor en defensa de la fe pública y protección de los recursos que pertenecen a todos los chilenos.
La querella fue admitida por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago mediante resolución de hoy, 18 de noviembre de 2025.
Con Información de www.lanacion.cl
