Periodista y editora internacional.
La frontera norte enfrenta una crisis silenciosa y múltiple. No se limita solo a la migración desbordante ni a las bandas criminales que cruzan fácilmente; refleja la fragilidad estructural de una región considerada «periferia administrativa» de Santiago.
Arica, más que ser simplemente la «entrada», es el punto de no retorno para miles de inmigrantes. La travesía que comienza en el Darién o Caracas a menudo termina en un desierto implacable. Familias enteras desafían las extremas bajas temperaturas cruzando el altiplano con la esperanza de llegar a Chile, un país que alguna vez se vio como refugio y que hoy, saturado, solo puede ofrecer campamentos improvisados y albergues insuficientes.
La crisis migratoria se ha institucionalizado. Los pasos no habilitados proliferan, y los controles son inadecuados. La coordinación entre las autoridades chilenas, bolivianas y peruanas es casi inexistente. En este contexto, la frontera se ha convertido en un escenario propicio para el crimen organizado que explota los vacíos de soberanía para traficar drogas, armas y personas.
Lo que solía ser contrabando menor ha evolucionado a una economía paralela de alto riesgo. En años recientes, la región ha visto un aumento de homicidios, secuestros y extorsiones, delitos que antes eran ajenos a su realidad. La llegada de bandas internacionales, como el Tren de Aragua, ha intensificado la inseguridad y la desconfianza en las instituciones.
Las fuerzas del orden, como Carabineros y la PDI, reconocen la magnitud del problema, pero sus capacidades son limitadas. Las Fuerzas Armadas enfrenten desafíos similares; hay escasez de recursos y de coordinación en las zonas rurales y fronterizas. El crimen organizado se desplaza más rápido que la burocracia.
Economía frágil y desigualdades profundas
A pesar de su importancia estratégica, la región sufre de un estancamiento económico persistente. Su economía se basa en el comercio fronterizo, el turismo y la Zona Franca, todos altamente vulnerables a crisis externas, como demostró la pandemia cuando el cierre de fronteras paralizó la ciudad.
Además existe una marcada desigualdad interna: mientras Arica concentra la mayor parte de los servicios, las comunas rurales como Putre, Camarones y General Lagos quedan desatendidas. Las comunidades aymaras, que han sostenido la vida en el altiplano durante siglos, enfrentan despoblación, falta de oportunidades y agotamiento de recursos hídricos. ¿Se puede evitar esta situación? Cada año, más jóvenes aymaras se trasladan a Arica o al sur del país, dejando atrás pueblos semiabandonados, donde la agricultura persiste por costumbre y la lengua ancestral se apaga con los ancianos.
¿Cuándo habrá una política estatal para el norte fronterizo que integre seguridad, desarrollo y una diplomacia territorial activa, en vez de prejuicios? No basta con reforzar el control militar ni endurecer la política migratoria; es necesario implementar una estrategia integral que reconozca las particularidades culturales, geográficas y sociales de esta región.
A pesar de su relevancia, la región parece ignorada por el Estado. Las decisiones que impactan su presente y futuro se toman a más de dos mil kilómetros en Santiago, donde raramente se entiende la realidad de vivir en una triple frontera. La descentralización es un concepto, pero en la práctica, poco ha cambiado.
En el altiplano, el agua trasciende su función como recurso; es parte de la identidad. Sin embargo, el cambio climático, el retroceso de glaciares y la sobreexplotación de acuíferos amenazan los bofedales y la agricultura. Las comunidades originarias llevan años denunciando que los planes de desarrollo ignoran su cosmovisión y derechos territoriales.
Arica y Parinacota no son solo el extremo norte; son la primera línea del país ante Sudamérica, donde se entrelazan la historia de conflictos con Perú y tensiones con Bolivia. El puerto de Arica y los corredores bioceánicos podrían ser motores de un desarrollo compartido, pero requieren de voluntad política y visión estratégica.
La región tiene el potencial de ser un laboratorio de cooperación e integración, un nodo en el Cono Sur que conecte economías y culturas. Pero actualmente, representa la paradoja de un país que observa el norte con preocupación, pero sin planificación. Arica y Parinacota son el límite del mapa, pero también el reflejo de los dilemas contemporáneos en Chile: desigualdad territorial, desconfianza institucional, migración desbordante y crimen organizado. El desierto es implacable; el abandono y la frontera no esperan. Mientras el país debate desde el centro, el norte enfrenta con urgencia la necesidad de ser visto, comprendido y parte de un proyecto nacional que aún no llega a ellos.
En este contexto, surge la candidatura de Cinthia Vargas Morales (ind-PS), enfermera, comunicadora, madre de dos hijos y hija de Orlando Vargas Pizarro (PPD), dirigente vecinal y actual alcalde de Arica, nacido en 1952 en la oficina salitrera Peñachica. Criada en la población San José y educada en instituciones públicas, decidió regresar a su tierra para buscar un asiento en el Senado.
—¿Qué la llevó a incursionar en la política en este momento?
—Dos razones. La primera, de carácter personal: la salud de mi padre. La segunda, colectiva: el abandono de nuestra región. Como enfermera he sido testigo de situaciones que otros ignoran: adultos mayores esperando meses por atención especializada, niños viajando a Iquique por exámenes básicos, familias que deben migrar por falta de oportunidades. La salud no debe ser un favor, es un derecho que debe garantizarse aquí.
—Usted es hija del actual alcalde de Arica, Orlando Vargas. ¿Cómo influyó su crianza en su decisión de postular al Senado?
—Nací en la población San José, soy hija de Orlando Vargas y de la educación pública. Aprendí en casa que la política es un servicio que busca mejorar la vida de la gente. Esa enseñanza, junto con mi experiencia como madre y enfermera, es lo que me impulsa a dar este paso. No quiero pertenecer al club de Santiago, quiero representar a mi gente aquí, en la frontera norte.
Migración y crimen organizado: “El miedo está presente”
Este año, la frontera norte fue noticia nacional por el aumento de cruces irregulares por Chacalluta y Colchane. El Fiscal Nacional declaró que Arica es la “puerta de entrada” para carteles transnacionales. Sin embargo, también ha sido escenario de un crimen sin respuesta: el asesinato brutal de Maximiliana Amaro Mamani, una pobladora aymara, en su hogar en Quebe, comuna de Colchane. Se desconoce el paradero del autor, aunque se cree que es un migrante indocumentado que cruzó la frontera irregularmente para asaltarla.
—Arica y Parinacota continúa siendo un foco de migración irregular y crimen organizado. ¿Qué ha observado en el terreno y cómo se debe abordar?
—La migración descontrolada ha impactado primero a los barrios más vulnerables. No es solo un tema de seguridad, también afecta la dignidad humana. Hay niños viviendo en carpas, mujeres en situaciones de explotación y barrios saturados. Requerimos un plan habitacional regional que garantice viviendas dignas y acceso a salud. Además, el crimen organizado necesita ser confrontado con firmeza: más policías en el terreno, fiscalías especializadas, inteligencia y presencia real del Estado. La gente teme, y eso se debe abordar mediante seguridad, no con discursos vacíos.
No obstante, mientras crece la desconfianza en el altiplano, el Gobierno impulsa la Estrategia Nacional del Litio. Comunidades aymaras en Putre y General Lagos han presentado recursos judiciales para bloquear concesiones mineras que, según afirman, amenazan sus bofedales y humedales.
—¿Cómo abordará las demandas de los pueblos originarios?
—La explotación del litio no puede llevarse a cabo a cualquier precio. Debe respetar el medioambiente, incluir a las comunidades aymaras y generar empleos de calidad en la región. Sin licencia social, no hay proyecto. He recorrido Putre, General Lagos y Camarones, y he visto el abandono: niños sin atención médica, ancianos sin transporte, comunidades que defienden el agua contra las empresas. Mi compromiso es priorizar el agua para las familias y la agricultura local, no para el lucro, y asegurar que los aymaras tengan voz en todas las decisiones que les atañen.
—Como mujer del norte, ¿qué falta en la agenda feminista nacional?
—Falta abordar lo que vivimos aquí: la seguridad en las calles, el acceso real a la salud sexual y reproductiva, y el apoyo a las mujeres que trabajan y cuidan al mismo tiempo. Muchas están en el comercio informal o en tareas de cuidado. Me comprometo a promover pensiones dignas para ellas y abrir una oficina senatorial de mujeres en Arica, donde indígenas, migrantes y trabajadoras puedan ser escuchadas y no quedar al margen.
—El mes pasado, un grupo de víctimas del plomo en Arica protestó frente a La Moneda exigiendo reparación. Más de dos décadas después, todavía sostienen que el Estado los ha dejado solos. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado en esta situación?
—El Estado tiene una deuda con Arica. Niños y ancianos estuvieron expuestos a la contaminación durante años y aún no hay una reparación real. Mi compromiso es exigir justicia y reparación para esas familias.
“Quiero ser recordada como la senadora que no falló a su gente”
Antes de finalizar, Vargas detalla sus prioridades: especialistas permanentes en salud para zonas extremas, mayor seguridad local y una nueva Constitución que brinde autonomía y recursos a las regiones extremas.
—¿Qué le diría a una joven de 18 años que vota por primera vez y está desilusionada de la política?
—Le diría que comprendo su desconfianza, pero que votar es su voz. Es la forma de exigir calles seguras, empleos dignos y un futuro con oportunidades.
—¿Y cómo desea que la recuerden en diez años?
—Como la senadora que no falló a su gente. La que luchó por una salud digna, por la seguridad en las calles y por un desarrollo que brinde empleos de calidad para Arica y Parinacota.
—¿Es posible hacer campaña sin financiamiento de los “poderosos”?
—Sí, se puede. A través de los vecinos, las ferias y los clubes de adultos mayores. Prefiero deberle mi campaña a la gente que a los grandes financistas; esa es mi diferencia con otros candidatos.
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