El pasado martes 18 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una condena contra el Estado de Chile por las inadecuadas condiciones de los centros de detención juvenil del Servicio Nacional de Menores (SENAME). La corte también responsabilizó al Estado por la muerte de diez Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en el incendio que tuvo lugar en el centro de SENAME “Tiempo de Crecer” en 2007 en Puerto Montt.
La CIDH señaló específicamente que Chile no adoptó las medidas necesarias para prevenir esta tragedia, lo que constituye una violación del derecho a la vida, la integridad personal y el bienestar de los NNA.
“El Estado, a pesar de su rol particular como garante especial de la población privada de libertad en el Centro ‘Tiempo de Crecer’ de Puerto Montt, no tomó las precauciones necesarias para evitar el incendio del 21 de octubre de 2007, ni actuó con la debida diligencia durante el incidente”, indicó la CIDH en su veredicto.
El tribunal mencionó, además, que hubo graves violaciones a los Derechos Humanos en el centro de Puerto Montt entre 2006 y 2009, hechos que también se documentaron en otros centros como Lihuén, Antuhue y San Bernardo (San Miguel).
La Corte determinó que el Estado chileno ignoró las audiencias que se celebraron en Brasil en 2024 y falló en cumplir varias de las obligaciones establecidas por el derecho interamericano. Como resultado, el Estado deberá indemnizar a 271 exinternos del Servicio Nacional de Menores (SENAME) con un total de $647 millones debido a las graves violaciones de derechos humanos sufridas en estos centros de reclusión juvenil.
Además, se estableció la creación de una comisión de “verdad, justicia y reparación” para abordar los casos de violencia denunciados en el SENAME y se ordenó brindar apoyo psicológico y acompañamiento a las víctimas.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un comunicado en respuesta a la sentencia, reafirmando su compromiso con la mejora de las condiciones en los centros de detención juvenil.
“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reitera su compromiso con el fortalecimiento de las políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de los adolescentes que han infringido la ley y se encuentran bajo custodia del Estado, enfatizando el respeto a sus derechos fundamentales y fomentando su reinserción social en un entorno seguro que garantice su desarrollo personal”, concluyó el comunicado del Ministerio.
Con Información de www.elciudadano.com