A pesar de que en Chile se afirma que la ciberseguridad es fundamental para la seguridad de un país moderno, cada nueva ley o reforma parece abrir una nueva puerta a los delitos y al crimen organizado. ¿Quién lo comprende?
En diciembre de 2022, durante la gestión de la ministra Carolina Tohá y el subsecretario Manuel Monsalve en el Ministerio del Interior, se presentó la «primera Política Nacional de Seguridad» en la historia de Chile. A pesar del bombo político y el extenso debate, los resultados han sido decepcionantes. El documento menciona al crimen organizado como un conjunto de actividades con «estructuras organizacionales que actúan para cometer delitos y lucrar.» Asimismo, se destaca que «no todo es crimen organizado, pero aquellos que lo son deben ser identificados y abordados con herramientas adecuadas y enérgicas» (sic).
Por su parte, la web del Ministerio Público (http://www.fiscaliadechile.cl) define el crimen organizado como un término general para delitos en los que actúan grupos organizados contra «el orden social, las buenas costumbres, la propiedad o las personas» (sic).
Esta formulación tautológica es lo que caracteriza el marco criminológico donde opera la justicia penal y la acción policial, dejando la agenda de seguridad pública abierta al crimen organizado en lugar de cerrarla.
El crimen organizado es una actividad delictiva constante, manifestándose como una industria clandestina con varios niveles de complejidad. Sus integrantes pueden ser tanto individuos como empresas. Su objetivo primordial es lucrar, utilizando redes operativas que corrompen canales legales para ocultarse. Además, captan y blanquean ganancias a través de canales financieros, facilitando vínculos transnacionales. En la actualidad, se caracteriza por su uso de tecnologías digitales y sistemas de inteligencia. ¿Entonces, para qué se requieren definiciones, cuando lo esencial es describirlo para así poder controlarlo?
La base del crimen organizado es una economía clandestina y secreta, lo que implica la necesidad de una inteligencia económica robusta y el uso de big data. Lo que se conoce sobre el crimen organizado proviene de la experiencia acumulada en investigaciones policiales exitosas, que se extrapolan para aplicarse a nuevos casos y formar la base criminológica manejada por el Estado.
Es importante destacar que no se trata de una ideología; es una actividad criminal que erosiona instituciones legítimas, controla territorios y economías, y opera de manera transnacional.
La ciberseguridad
Las ganancias de los negocios representan el núcleo del crimen organizado, donde el desarrollo digital juega un papel crucial. Esto abarca desde la creación de nuevos negocios hasta la innovación en la gestión de los existentes, además de contrarrestar la acción del Estado.
Desde el narcotráfico de drogas sintéticas hasta el tráfico de órganos, personas, combustibles y obras de arte, existen redes digitales operando en diversos sectores de la sociedad globalizada. El secuestro de datos críticos y bienes intangibles puede ser tan lucrativo como el secuestro de personas. El crimen organizado en la era digital es un fenómeno que transforma simultáneamente todos los componentes materiales y conocimientos de la sociedad, revolucionando su funcionamiento.
Por eso, en el ámbito penal, la ciberseguridad ocupa un lugar central en la criminología del Estado moderno. No de forma acumulativa, sino a una velocidad impulsada por máquinas e inteligencia artificial, con la comprensión humana en un proceso constante de aprendizaje.
En Chile, la ciberseguridad avanza lentamente y se enfrenta a una profunda descomposición y corrupción de las instituciones, como el Poder Judicial y el Ministerio Público. La crisis de confianza de la sociedad en sus representantes políticos, con menos del 15% de aprobación, indica que el país está retrocediendo rápidamente, con su cohesión cultural al borde del colapso.
En cuanto a la ciberseguridad, la Ley N°21.663, publicada el 8 de abril de 2024, está repleta de reglamentos que la retrasarán, impidiendo su funcionamiento básico antes del primer trimestre de 2026. Lo más crítico es que su establecimiento ha dejado una notable puerta abierta.
A pesar de que la ley tiene como objetivo «establecer la institucionalidad, los principios y la normativa general que permitan estructurar, regular y coordinar las acciones de ciberseguridad del Estado y los particulares,» crea una serie de organismos autónomos que escapan al control de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) que se establece, como el Senado, la Cámara de Diputados, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Ministerio Público, el Servicio Electoral y el Consejo Nacional de Televisión. Se propone también un estatuto especial para las Fuerzas Armadas (Art. 53 de la Ley). Estos organismos deberán implementar «medidas de seguridad» en sus redes y sistemas informáticos, y «el jefe de servicio o los órganos colegiados que ejerzan dicha función podrán crear la normativa que consideren conveniente» (énfasis del autor).
Esto resulta extremadamente preocupante en el Poder Judicial, donde es evidente que su Corporación Administrativa está profundamente afectada en la gestión de la inviolabilidad e integridad de sus repositorios digitales, tanto de causas como en la operación de salas judiciales colegiadas. Esto pone en riesgo la seguridad jurídica que el país necesita. La ciudadanía tiene la percepción de que el crimen organizado ya está aprovechando esta situación. No existe ninguna garantía de que los acontencimientos estén bajo control, a la vista y paciencia de las autoridades.
Con Información de desenfoque.cl