El Comité de Apoyo a la Aplicación del Acuerdo de Escazú ha instado a Chile a implementar medidas urgentes para salvaguardar a la familia de Julia Chuñil, una líder mapuche cuya desaparición hace un año ha suscitado una creciente preocupación internacional. Este llamado surge tras la identificación de un “riesgo razonable” para su familia, en respuesta a amenazas y hostigamientos constantes.
Esta es la primera vez que un organismo de esta índole solicita a un estado miembro que adopte acciones protectoras en virtud del Acuerdo. Pablo San Martín Chuñil, hijo de la desaparecida, presentó pruebas al Comité que evidencian claras violaciones a la seguridad y los derechos humanos de los defensores del medio ambiente en Chile.
En este contexto, el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, indicó que se están realizando diversas investigaciones sobre la desaparición de Chuñil. No obstante, la familia expresa su preocupación por la lentitud del proceso, focalizando sus sospechas en el empresario Juan Carlos Morstadt, quien había tenido enfrentamientos previos con ella.
A medida que avanzan las investigaciones, el Ministerio Público ha cuestionado el activismo de Chuñil, alegando que no hay evidencias suficientes para clasificarla como defensora ambiental. Sin embargo, el Gobierno de Gabriel Boric ha reafirmado su compromiso con esclarecer los hechos y evitar cualquier forma de impunidad.
El Acuerdo de Escazú, ratificado por Chile en 2022, es el primero en su tipo en enfocarse en la protección de activistas ambientales. A pesar de su reciente adhesión, los retos persisten, evidenciados por las amenazas que enfrentan 20 defensores ambientales solo en 2023, con una notable representación femenina entre ellos.
La comunidad internacional sigue atentamente la evolución de este caso, que no solo busca justicia para Chuñil y su familia, sino que también pone a prueba la capacidad de Chile para proteger a sus defensores ambientales en concordancia con el compromiso asumido en el Acuerdo de Escazú.
Con Información de factos.cl
