CGE informa sobre el robo de 225 kilómetros de cable de sus instalaciones durante el año anterior.

Durante el año pasado, entre enero y diciembre, se registraron 774 casos de robo, lo que impactó negativamente la calidad y continuidad del servicio eléctrico para 272,466 clientes en toda la zona de concesión.

 

El robo de cables sigue siendo uno de los mayores desafíos para CGE, la compañía distribuidora que ofrece servicio a más de 3,2 millones de usuarios desde Arica y Parinacota hasta La Araucanía.

Según las estadísticas de la empresa, en el período de enero a diciembre de 2025, se reportaron 744 robos de cable, lo que equivale a 225 kilómetros (225,080 metros) de conductor eléctrico sustraído de sus instalaciones de distribución y transmisión. Esto ha provocado daños significativos, incluyendo la destrucción de postes, transformadores, y otros elementos esenciales para el suministro de electricidad.

El año pasado, aunque se redujo el número de incidentes, se observó un incremento del 14% en la cantidad de cable robado. Las bandas delictivas también han atacado equipos, como en el incidente en la localidad de Coya, en Machalí, región de O’Higgins, donde una banda organizada robó cables y desmanteló un generador de CGE, dejando a casi mil hogares sin respaldo ante interrupciones eléctricas. Los daños superaron los 500 millones de pesos.

Asimismo, el problema se ha extendido a las instalaciones de transmisión, con un aumento de robos en la región del Biobío, en particular en la provincia de Arauco, que reportó 15 robos el año pasado y cinco episodios en el tramo Charrúa-Chillán, con más de 11 kilómetros de cable sustraído.

“El robo de cables eléctricos ha crecido de manera exponencial en los últimos años, y es urgente que las autoridades refuercen las medidas ante un delito que ha evolucionado y se ha vuelto más violento. Nosotros, como compañía, realizamos las denuncias pertinentes, pero es crítico perseguir y desarticular a estas bandas, ya que su actividad afecta directamente a miles de familias en el país. Los delitos se han vuelto más violentos y frecuentes, llevados a cabo por organizaciones que utilizan camiones y vehículos, y que a menudo están armados, atacando puntos de manera sistemática, lo que dificulta nuestra capacidad de respuesta”, declaró Matías Hepp, director de operaciones de CGE.

Para contextualizar la magnitud del problema, la cantidad de cable robado sería suficiente para cubrir la distancia entre Santiago y Los Vilos, o casi todo el trayecto entre Santiago y Talca.

Estos robos han resultado en que 272,466 clientes de la compañía experimentaran interrupciones prolongadas en la calidad y continuidad de su suministro eléctrico, debido a los extensos trabajos que deben realizar las brigadas para reparar la infraestructura dañada o destruida por los delincuentes.

En 2023, la empresa registró alrededor de 1,200 incidentes, con 196 kilómetros de cable de cobre robado. En cuanto al costo de la reposición de la infraestructura dañada o destruida por estas bandas, se estima que en 2024 alcanzará los 3,317 millones de pesos.

Las regiones con mayor cantidad de cable robado fueron Coquimbo (43,028 metros), Maule (34,696 metros), Tarapacá (29,889 metros), Antofagasta (29,012 metros), Atacama (18,706 metros), Metropolitana (16,991 metros), Araucanía (16,406 metros) y Biobío (14,404 metros).

“Cada interrupción en el suministro eléctrico afecta el funcionamiento normal de empresas grandes y pequeñas en la zona, obstaculiza los servicios públicos, y obliga a colegios y centros de salud a suspender actividades, generando también problemas de seguridad pública. En definitiva, este delito impacta en la calidad de vida de las personas,” agregó Hepp.

El ejecutivo hizo un llamado a las autoridades para que intensifiquen la lucha contra este delito, debido a su grave impacto en las comunidades. “Como CGE, participamos activamente en las mesas de trabajo que autoridades de diversas regiones han creado para combatir este problema. Asimismo, en los casos donde detectamos afectación a nuestras redes, denunciamos ante Carabineros y el Ministerio Público, para luego interponer acciones legales que permitan perseguir a los responsables”, concluyó Hepp.

 

Con Información de hoysantiago.cl

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