Este domingo, la Policía Metropolitana de Londres ha reportado un total de 890 arrestos durante la manifestación que comenzó el sábado frente al Parlamento británico, en apoyo a la organización prohibida Palestine Action.
Scotland Yard confirmó en un comunicado que «se han llevado a cabo 890 detenciones de manifestantes en la movilización organizada por Defendamos a Nuestros Jurados a favor de la organización terrorista ilegal Palestine Action».
De las detenciones, 857 se efectuaron bajo la Sección 13 de la Ley de Terrorismo de 2000, por manifestar apoyo a Palestine Action. Las restantes 33 se debieron a otros delitos, incluidas 17 por agresiones a agentes policiales.
La subcomisaria de Policía, Claire Smart, quien dirigió la operación, explicó que «la violencia a la que nos enfrentamos estaba coordinada por un grupo de individuos, muchos de ellos enmascarados para ocultar su identidad, que buscaban generar el mayor desorden posible».
Smart comparó los hechos ocurridos en la protesta de Westminster con la manifestación de la Coalición por Palestina, que tuvo lugar el mismo sábado y congregó a unas 20,000 personas. Afirmó: «Es posible expresar apoyo a una causa sin delinquencias tipificadas por la Ley de Terrorismo ni consecuencias violentas, como lo hacen miles de personas cada semana en Londres». Añadió: «Si se comete un delito, debemos actuar en consecuencia».
Los detenidos que han sido identificados han sido liberados bajo fianza para que comparezcan en comisaría cuando se les cite. Sin embargo, aquellos que se negaron a identificarse y quienes ya estaban bajo fianza al momento de su arresto fueron trasladados a las celdas de la Policía Metropolitana, un total de 519.
DETENCIONES DE PERSONAS MAYORES Y VETERANOS
Desde Defendamos a Nuestros Jurados han destacado que aproximadamente 1,500 activistas acudieron a su convocatoria, lo que consideran un éxito en la historia de los actos de desobediencia civil en Reino Unido.
«Con la prohibición de Palestine Action, el Gobierno está actuando en contra de sus propios intereses. Yvette Cooper ya no es ministra del Interior; su prohibición debería irse con ella», añadió el grupo, refiriéndose a la reciente salida de Cooper del cargo.
El grupo también ha compartido en redes sociales casos individuales de detenciones de notable interés, como el arresto de una mujer en silla de ruedas, «bajo la Ley de Terrorismo por portar una pancarta que dice ‘Estoy en contra del genocidio. Apoyo a Palestine Action’». Un hombre ciego, Mike Higgins, fue detenido por llevar una pancarta igual, al igual que Steve Masters, un veterano de la RAF, quien también fue arrestado por el mismo motivo, junto con un religioso.
«Cuando la sociedad civil está dispuesta a afrontar detenciones por ‘terrorismo’, es evidente que la prohibición de Palestine Action es un error de magnitudes comparables al impuesto comunitario» introducido por la primera ministra Margaret Thatcher y que su sucesor, John Major, tuvo que derogar tras protestas masivas.
Amnistía Internacional ha criticado las detenciones señalando que «son por terrorismo durante una protesta pacífica», lo que consideran «un error». Afirmaron que «la protesta pacífica es un derecho fundamental» y que la indignación de la gente ante el genocidio en Gaza es comprensible y debe poder expresarse según las leyes internacionales de Derechos Humanos.
Amnistía destaca que estas detenciones «confirman que nuestros temores eran válidos» respecto a la Ley de Terrorismo. «Cualquier restricción al derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica debe ser legal, necesaria y proporcional», recalcan, añadiendo que «criminalizar el discurso solo está justificado cuando incita a la violencia o promueve el odio», características que no cumple el apoyo a Palestine Action, según ellos.
Desde la prohibición de Palestine Action el 5 de julio, cientos de personas han sido detenidas, una medida que la ONG Human Rights Watch (HRW) critica como «un grave abuso de poder estatal y una escalada alarmante en la cruzada» del Gobierno para «restringir los derechos de protesta».
El Gobierno del primer ministro laborista, Keir Starmer, impulsó la ilegalización del grupo tras un allanamiento en una base aérea, donde varios activistas realizaron pintadas en aviones militares, con daños estimados en aproximadamente 7 millones de libras.
Con Información de www.elperiodista.cl
