El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha interpuesto una querella criminal en el contexto del caso Muñeca Bielorrusa, el cual es una de las facetas del conocido caso Audios.
De acuerdo con información de Radio Biobío, la acción legal fue presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, y se centra en una supuesta red de corrupción que involucra a Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, junto a cuatro abogados y dos conservadores de bienes raíces.
La querella identifica de manera específica a Migueles, así como a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, y a los conservadores Yamil Najle (Chillán) y Sergio Yáber (Puente Alto). Además, el CDE ha incluido en su demanda a «todas las personas que resulten responsables» de posibles delitos conexos que se puedan probar durante la indagación del Ministerio Público.
Según se detalla en el documento, los acusados habrían estado involucrados en una red de pagos irregulares a Migueles, a cambio de gestiones realizadas por Vivanco en favor del Consorcio Belaz Movitec (CBM), una empresa que tenía un conflicto legal con Codelco debido a la finalización anticipada de un contrato.
El escrito sostiene que Vivanco, en su calidad de integrante de la Tercera Sala de la Corte Suprema, habría emitido resoluciones favorables al consorcio, comprometiendo sus deberes de probidad e imparcialidad, mientras su pareja se benefició económicamente de estas acciones.
La fiscal había presentado una querella contra Vivanco
La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, ya había interpuesto una querella contra Vivanco ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con el objetivo de obtener su formalización y la imposición de medidas cautelares.
Según la investigación del Ministerio Público, los fallos firmados por la exministra en causas donde CBM participaba obligaron a Codelco a pagar más de $17.500 millones al consorcio chileno-bielorruso. Parte de esos fondos habrían llegado a Migueles a través de transferencias gestionadas por los abogados y conservadores implicados.
Los antecedentes también indican relaciones personales entre Vivanco y los abogados Vargas y Lagos, quienes solían visitar su hogar y asumieron la representación de CBM mientras ella se desempeñaba como ministra visitadora en Copiapó.
En su presentación, el CDE señala que los hechos constituyen “una red de corrupción institucional que impacta directamente en el principio de probidad pública y en la confianza depositada en el Poder Judicial”.
El caso Muñeca Bielorrusa sigue bajo la investigación del Ministerio Público, y corresponde al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinar la admisibilidad de la querella presentada por el CDE.
Con Información de www.lanacion.cl
