El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado cuatro nuevas querellas en diversas regiones del país contra Alberto Larraín Salas, director ejecutivo, y María Constanza Gómez Cruz, representante legal de la fundación ProCultura.
Las acciones legales, que se han llevado a cabo ante los juzgados de garantía de Valparaíso y Chillán, se fundamentan en el delito de fraude al Fisco y también involucran a varios funcionarios públicos que participaron, junto a Larraín y Gómez, en la firma de acuerdos entre la fundación y la Seremi Minvu, el Serviu de Valparaíso y el Gore de Ñuble.
Según el CDE, estos convenios “tenían como objetivo la ejecución de proyectos relacionados con un programa de asentamientos precarios en el primer caso y con la iniciativa denominada ‘Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble’ en el segundo.”
Frente a esta situación, se han interpuesto querellas por apropiación indebida contra Gómez y Larraín, así como contra aquellos que resulten responsables según los antecedentes recopilados, que evidencian la malversación de recursos públicos entregados a la Fundación ProCultura mediante convenios de transferencia con el Gobierno Regional de Biobío y el Gobierno Regional Metropolitano.
El presidente del CDE, Raúl Letelier, comentó que “como institución hemos llevado a cabo un trabajo constante de estudio y análisis sobre los convenios de transferencia de recursos públicos entre organismos del Estado y la mencionada Fundación, tanto desde la perspectiva penal como civil, con el fin de proteger los recursos fiscales que son de todos los chilenos.”
Con Información de www.lanacion.cl
