El Caso Motorola, que comenzó hace cinco años con una demanda por prevaricación contra la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, ha tomado un giro inesperado. A pesar de los esfuerzos de la empresa The Pegasus Group por aclarar la situación, el Ministerio Público decidió cerrar la investigación sin formular cargos ni a Martorell ni a su equipo.
El fiscal Xavier Armendáriz anunció que, tras revisar las cuentas bancarias y las declaraciones de los involucrados, no había suficientes pruebas para proceder con una acusación. Martorell se mostró satisfecha con el cierre del caso, afirmando haber cooperado desde el principio al entregar sus dispositivos electrónicos y abrir su secreto bancario. Sin embargo, Pegasus no se rinde y ha pedido la reapertura de la investigación, argumentando que aún existen diligencias pendientes.
En un extenso documento, los demandantes destacan la falta de resolución en varias áreas y exigen que se extraiga toda la información de los dispositivos de Martorell, considerando que los datos proporcionados han sido parciales y poco esclarecedores. Especialmente, mencionan una posible conexión con el Caso Hermosilla, que involucra a otros actores relevantes, lo que podría complicar aún más la situación para los implicados.
Un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) resalta que en las cuentas de Martorell se han detectado ingresos injustificados que suman $198 millones, además de depósitos sospechosos que requieren una ampliación de la investigación. Pegasus critica al fiscal Francisco Ledezma por su manejo del caso, señalando una falta de diligencia en su trabajo y errores en la entrega de la documentación.
Este desarrollo subraya cómo los casos de corrupción y mala gestión pueden involucrar a figuras prominentes de la política chilena, y aunque se cierre una investigación, las dudas y las demandas de justicia persisten.
Con Información de factos.cl
