Más de dos meses después del trágico accidente entre el buque industrial Cobra, de Blumar, y la embarcación artesanal Bruma, el sufrimiento persiste en las familias de los siete pescadores que siguen desaparecidos. A la espera de respuestas, también se han presentado serias denuncias sobre irregularidades, posibles encubrimientos y vínculos preocupantes entre autoridades y el sector privado.
Claudia Urrutia, presidenta de la Asociación Gremial Bacaladera del Maule y portavoz de los afectados, cuestionó la transparencia de la investigación en una entrevista con La Prensa de Curicó. “Se nos advirtió que Blumar ha financiado campañas políticas y que exalmirantes terminan trabajando allí,” indicó, sugiriendo una posible complicidad entre el sector institucional y la empresa pesquera.
Las críticas también apuntan al Ministerio Público. “La fiscal Cartagena tiene una amistad cercana con el abogado de Blumar, Alejandro Espinoza,” acusó Urrutia, planteando dudas sobre la imparcialidad de la investigación. “La Fiscalía no está cumpliendo su deber,” añadió.
Según la portavoz, la Bruma se encontraba dentro del área de pesca artesanal, a menos de cinco millas de la costa, cuando fue impactada. “Nos dimos cuenta de inmediato de que algo grave había sucedido. La lancha tenía una antena Starlink, pero desde la madrugada del 30 de marzo no hubo más señal,” relató.
El seguimiento de las embarcaciones a través del sistema del Servicio Nacional de Pesca reveló una coincidencia crucial: “A las 04:30 horas del 03 de abril consulté el sistema… el único barco que coincidía en tiempo, dirección y velocidad con la ubicación de la Bruma era el Cobra,” afirmó.
Actualmente, los familiares denuncian retrasos injustificados en las investigaciones y critican la estrategia defensiva de la empresa, que intentaría culpar a la tripulación de la Bruma. “Contamos con las pruebas que demuestran que se cumplió rigurosamente con la normativa vigente,” concluyó Urrutia.
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