En un importante paso, la Sala de la Cámara de Diputados de Chile se pronunció sobre el proyecto que reconoce formalmente a las víctimas de detención y desaparición forzada durante la dictadura cívico-militar como «Ausente por desaparición forzada» (boletín 15.338). La iniciativa fue aprobada con 89 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones, y se enviará ahora al Ejecutivo para su promulgación como ley.
Este reconocimiento implica que el Estado de Chile acepta que estas personas fueron víctimas de privación de libertad a manos de agentes del Estado o de personas autorizadas por este, quienes han ocultado el paradero de los desaparecidos desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de marzo de 1990.
El proyecto, promovido por la diputada Lorena Pizarro y otros colegas, busca ofrecer una reparación simbólica a las familias, permitiéndoles obtener un certificado en el Registro Civil que confirme que la persona está inscrita en el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada (PADF). También se creará un nuevo registro que estará bajo la responsabilidad del Servicio del Registro Civil e Identificación.
Esta iniciativa ya había sido aprobada en diciembre de 2024, y aunque el Senado eliminó algunas facultades administrativas, la Cámara ratificó el texto, acercándolo a su futura promulgación.
El debate fue intenso, con referencias al periodo electoral y al caso de Bernarda Vera, una de las desaparecidas. Las intervenciones de los diputados oficialistas predominaban, destacando el respaldo a esta nueva figura jurídica, que ofrece un rayo de esperanza a las 1.100 familias que aún buscan a sus seres queridos y han soportado su dolor durante 50 años.
Con Información de factos.cl