La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha ofrecido finalmente a los gobiernos europeos el marco legal necesario para emular el modelo del Gobierno italiano de Georgia Meloni, que implica la externalización de los centros de deportación a terceros países. Sin embargo, Bruselas establece una condición clave: ningún migrante podrá ser trasladado a estas instalaciones fuera de la Unión Europea hasta que se haya emitido una orden de expulsión definitiva.
«Debemos ser firmes y asertivos en nuestra estrategia, sin perder de vista los valores europeos de justicia y derechos fundamentales», ha afirmado la vicepresidenta de Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, al presentar los pormenores de la propuesta de Bruselas, que aún debe ser negociada entre los Veintisiete y el Parlamento Europeo antes de su adopción.
Von der Leyen ya había prometido en diciembre a los líderes de la UE que sus servicios buscarían la «mejor manera de introducir en el marco jurídico» la creación de ‘hubs’ en países terceros, considerando tanto la dimensión legal como la operativa y financiera, y «respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales».
Este modelo ha sido respaldado por una amplia mayoría de países como una «solución innovadora» para acelerar los retornos, aunque algunos, como España, han manifestado reservas sobre su eficacia y legalidad.
En este contexto, Bruselas establece varias líneas rojas que diferencian el modelo acordado por Meloni con Albania, que ha sido bloqueado en varias ocasiones por la Justicia italiana por la transferencia de migrantes recién rescatados en alta mar a este centro de retención, sin tramitar sus solicitudes de asilo en Italia.
La propuesta establece que el sistema debe incluir «fuertes condiciones de protección» para los migrantes retornados, como la existencia de una orden de expulsión definitiva y que los acuerdos «bilaterales o a nivel europeo» para establecer estos centros de deportación solo puedan firmarse con países que «respeten los estándares internacionales» en materia de Derechos Humanos y Derecho internacional, incluido el principio de no devolución, que prohíbe las devoluciones ilegales.
Con esta propuesta, la Comisión busca revisar la directiva de Retorno, que data de 2008 y considera obsoleta, para agilizar las expulsiones de migrantes que han llegado irregularmente a la Unión Europea y no han obtenido protección de refugiado o asilado. El Ejecutivo comunitario sostiene que este proyecto es un pilar «esencial» para garantizar el funcionamiento del Pacto de Migración y Asilo que los gobiernos deben implementar a más tardar en 2026.
Así, Bruselas subraya que el objetivo de la reforma es poner fin a los «abusos» del sistema, ya que «apenas uno de cada cinco» migrantes con orden de expulsión realmente abandona el territorio comunitario, según datos proporcionados por el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, en una rueda de prensa en Estrasburgo (Francia), junto a la vicepresidenta Virkkunen.
A preguntas de la prensa, tanto Brunner como Virkkunen han negado que esta «solución innovadora» sea un calco del modelo negociado por Meloni con Albania o el que el Reino Unido intentó con Ruanda. «Son completamente distintos», afirmó el comisario de Interior y Migración, enfatizando que en los centros propuestos por Bruselas solo se podrán trasladar migrantes sobre los que haya una «decisión final sobre su retorno».
La vicepresidenta comunitaria también enfatizó que se aplicará únicamente a «personas que se encuentren de manera ilegal en la Unión», mientras que el comisario Brunner advirtió que esta propuesta «crea el marco, no el contenido», de posibles acuerdos, proporcionando así a los gobiernos «una especie de condiciones mínimas para cualquier ‘hub’ de este tipo que se establezca».
EUROORDEN DE RETORNO Y PROHIBICIÓN DE ENTRADA PARA EXPULSADOS
La propuesta incluye otros cambios para endurecer la política de retornos en la Unión Europea, como la creación de una «Orden Europea de Retorno» que agilizara los procesos y promoviera el reconocimiento mutuo de las decisiones de cada Estado miembro. Con esta euroorden, se avanzará hacia una base de datos común para que todos los Estados miembros sean informados cuando exista una orden de expulsión sobre un migrante.
Además, se establece la «obligación legal de cooperación» por parte del migrante con las autoridades, lo que implica que no se traslade a otro Estado miembro mientras se resuelve su situación ni se destruyan documentos. Bruselas advierte que «cuando no se cumplan las obligaciones, habrá consecuencias». «Quien no coopere y represente un riesgo será detenido; es fundamental para garantizar que no haya abusos del sistema», enfatizó Brunner.
Otra innovación es la extensión hasta diez años del tiempo durante el cual un migrante deportado de forma forzosa tendrá prohibida la entrada de nuevo a la Unión Europea, una medida que tiene un carácter disuasorio y que, según Bruselas, contribuirá a desincentivar las llegadas irregulares y favorecerá los retornos «voluntarios».
Con Información de www.elperiodista.cl