Brechas en la regulación de préstamos digitales y su relación con el crimen organizado.

Por Manuel Millones, ex consejero regional Valparaíso

Los préstamos digitales en Chile están en auge, cambiando la forma en que se gestionan estos créditos, especialmente para las Pymes.

El digital lending utiliza la tecnología para ofrecer un servicio más eficiente y accesible, aprovechando la falta de regulación, lo que revela una falla estructural en el sistema financiero actual.

En mi opinión, esta brecha regulatoria puede facilitar actividades delictivas organizadas.

En Chile, los préstamos que se gestionan completamente en línea, a menudo apoyados en tecnologías de scoring alternativo y plataformas no convencionales, han crecido de manera constante.

No obstante, este avance ha ocurrido en un entorno de desregulación total, lo cual plantea serias preocupaciones en términos de protección del consumidor financiero, competencia justa y estabilidad del sistema.

1.- Situación Actual: Supervisión sin Regulación

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) carece de un marco regulatorio específico para supervisar entidades de préstamos digitales que no se registran como instituciones financieras tradicionales. Actualmente, la CMF adopta un enfoque de vigilancia reactiva, emitiendo “alertas ciudadanas” para advertir sobre entidades no autorizadas o que puedan estar incurriendo en prácticas peligrosas.

Sin embargo, este enfoque tiene múltiples limitaciones:

  • No posee efectos jurídicos vinculantes sobre los actores advertidos.
  • No impone sanciones ni incentivos correctivos a quienes operan al margen de la regulación.
  • No establece criterios claros sobre conductas aceptables en términos de tasas, prácticas de cobranza, protección de datos o transparencia crediticia.

2. Impactos de la Falta de Marco Normativo

La ausencia de una normativa integral respecto al digital lending provoca efectos negativos palpables:

  • a) Incertidumbre regulatoria para actores formales:
    Las empresas que desean operar de manera ética y legal no cuentan con lineamientos claros sobre:
    • Obligaciones de transparencia e información.
    • Protocolos para el manejo de datos personales.
  • Esto desincentiva la formalización, ya que implica mayores costos sin garantías regulatorias claras, dejando a estas entidades expuestas a riesgos de interpretación de las autoridades.
  • b) Proliferación de actores informales:
    Las empresas que no cumplen con estándares mínimos pueden operar sin restricciones, creando un ambiente donde:
    • Se realizan cobros excesivos o ilegales.
    • Se llevan a cabo prácticas de cobranza abusivas.
    • Se utilizan datos personales sin consentimiento o de forma insegura.
    • Se generan asimetrías de información en detrimento del consumidor.
  • c) Riesgos sistémicos e inequidad competitiva:
    La operación no regulada de un sector creciente del crédito:
    • Debilita las políticas de protección financiera.
    • Genera competencia desleal hacia entidades reguladas.
    • Mina la confianza en el sistema financiero digital, limitando su desarrollo sostenible.

3. Comparación Internacional: Modelos de Referencia

Diversos países han avanzado en la regulación del digital lending. Por ejemplo:

  • México: la Ley Fintech establece requisitos para Instituciones de Financiamiento Colectivo y de Tecnología Financiera.
  • Colombia: la Superintendencia Financiera reguló el scoring alternativo y los sandbox regulatorios.
  • Reino Unido: la Financial Conduct Authority (FCA) exige licencias para prestadores digitales y aplica reglas específicas sobre transparencia y cobranza.

4. Propuesta de Acción Normativa en Chile

Es urgente implementar una regulación proporcional y técnica que contemple:

  • Una definición legal del préstamo digital y su inclusión bajo la regulación correspondiente.
  • Sistemas de licencias para plataformas no bancarias.
  • Estándares de transparencia, incluyendo tasas efectivas anuales y cláusulas claras.
  • Requisitos de conducta responsable y protección de datos personales.
  • Mecanismos de fiscalización y sanción adecuados al entorno digital.

Una opción viables podría ser un “marco de proporcionalidad regulatoria”, adaptando las exigencias al tamaño y tipo de operación de cada actor, promoviendo así tanto la innovación como la seguridad del sistema.

Conclusión

La falta de regulación en el digital lending en Chile es una falla estructural en el diseño del sistema financiero moderno. Sin reglas claras, tanto consumidores como empresas formales seguirán enfrentando altos niveles de incertidumbre y riesgo.

La CMF, el Ministerio de Hacienda y el Congreso tienen la oportunidad y la responsabilidad de cerrar esta brecha con una regulación moderna que fomente la innovación responsable.

Finalmente, debemos prestar atención a las alertas emitidas por las autoridades sobre el lavado de dinero y los riesgos del crimen organizado en el sistema financiero, ya que establecer mecanismos de gestión es un desafío legislativo urgente antes de que sea demasiado tarde.

Con Información de desenfoque.cl

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