La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público por fraude en subvenciones relacionadas con licencias médicas concedidas de manera irregular a funcionarios públicos.
Asimismo, pidieron la suspensión de los médicos implicados, que se cite a declarar a autoridades y se acceda a los registros de Fonasa e isapres para esclarecer responsabilidades, además de investigar a aquellos empleados con un elevado número de licencias.
Los diputados de RN Diego Schalper, Eduardo Durán, Andrés Celis y Andrés Longton se dirigieron esta mañana a la Fiscalía Nacional para presentar una denuncia formal ante su máxima autoridad.
Esta acción se fundamenta en un informe reciente de la Contraloría General de la República, que revela miles de casos que podrían constituir delitos contra el patrimonio fiscal.
En el documento presentado, se expone que «un porcentaje significativo de estos funcionarios trabaja en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Fundación Integra y la Municipalidad de Arica. Algunos de ellos incluso registran entre 16 y 39 ingresos o salidas del país».
Los parlamentarios aclararon que el subsidio por Incapacidad Laboral, que permite a los funcionarios conservar sus salarios durante una licencia médica, está regido por el artículo 111 del Estatuto Administrativo (Ley 18.834).
Dicha normativa estipula que el trabajador debe reposar y solo puede desplazarse en casos excepcionales, siempre con autorización médica explícita. Por lo tanto, el uso de este subsidio mientras se viaja al extranjero podría considerarse una falta grave o incluso un delito.
«Las licencias médicas con autorización ambulatoria son permitidas en muy pocos casos, que corresponden a un número limitado de situaciones», advirtieron los diputados.
Con base en la información recopilada, consideran que podrían configurarse los delitos de obtención o otorgamiento fraudulento de licencias médicas (art. 202 del Código Penal) y fraude de subvenciones (art. 470 N°8 del mismo cuerpo legal).
En su denuncia, los diputados solicitaron al Ministerio Público varias diligencias esenciales, incluyendo: requerir a la Contraloría General de la República los detalles completos del informe que originó la denuncia; pedir a Fonasa y a las isapres la lista de licencias médicas pagadas y el registro de los médicos que las emitieron; interrogar a directivos de la JUNJI, Fundación Integra y la Municipalidad de Arica, así como a los médicos involucrados y a los funcionarios que tienen un alto número de licencias o viajes durante su periodo de reposo.
También solicitaron al tribunal correspondiente que emita una suspensión cautelar sobre la facultad de emitir licencias médicas para los profesionales investigados, mientras dure la indagación.
Como se indica en el documento: «La forma en que se sancionan ambos tipos penales, así como la determinación específica de la participación de los implicados y el nivel de ejecución del delito, deberán ser considerados tras la investigación que se inicie a raíz de esta denuncia.»
Por último, los parlamentarios subrayaron la seriedad de la información proporcionada por la Contraloría y enfatizaron la necesidad de una respuesta institucional sólida y rápida para esclarecer responsabilidades, perseguir posibles delitos y salvaguardar los recursos públicos.
Con Información de www.lanacion.cl