- La iniciativa del Mineduc establece un nuevo estándar para la gestión interna de la convivencia, actualizando los reglamentos y creando el rol del Coordinador de Convivencia Educativa, entre otras medidas.
El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar en las comunidades educativas, impulsado por el Ministerio de Educación. Ahora será revisado en la Comisión de Educación del Senado y su tramitación responde a las exigencias de los docentes, en respuesta a recientes casos de violencia escolar.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, presente en la votación, señaló que este proyecto «ofrece una oportunidad valiosa para que el Estado aborde los desafíos y complejidades que enfrentan las comunidades educativas. Es necesario mejorar la regulación actual para fortalecer las acciones de convivencia, asegurando que sean adecuadas y oportunas tanto a nivel comunitario como por parte de los organismos públicos competentes».
«Debemos abordar este tema con determinación y unidad. No podemos permitir diferencias en este asunto, ya que como país estamos perdiendo la batalla cultural contra la violencia, el maltrato y el odio, y no podemos dejar ese legado a nuestros niños y niñas», añadió.
Proyecto de convivencia
El proyecto de ley establece un nuevo estándar para la gestión interna de la convivencia, actualizando los reglamentos y el Plan de Gestión de la Convivencia Educativa. Se incluirán capacitaciones de la Superintendencia de Educación y se creará el cargo de Coordinador de Convivencia Educativa, con un perfil profesional adecuado, dedicación exclusiva y jornada completa.
En cuanto al bienestar de los equipos educativos, se busca fortalecer la autoridad pedagógica y proteger los derechos de los trabajadores de la educación, mejorando los estatutos que los rigen y los procedimientos de calificación de enfermedades profesionales relacionadas con el estrés laboral. Además, se garantizará que los establecimientos puedan denunciar cualquier caso de agresión a los educadores.
El proyecto también refuerza los deberes de prevención y acción para proteger a todos los miembros de la comunidad, obligando a los adultos en estas comunidades a informar de manera oportuna sobre incidentes de acoso, violencia o discriminación.
Los establecimientos deberán implementar medidas preventivas, los sostenedores se encargarán de asegurar una respuesta adecuada, y los procedimientos disciplinarios garantizarán imparcialidad, privacidad, proporcionalidad y rapidez.
Finalmente, el proyecto modifica la línea de reclamos de la Superintendencia de Educación para ofrecer un acompañamiento preventivo a los establecimientos, y amplía el rol de la Agencia de Calidad de la Educación, proporcionando herramientas a las comunidades para monitorear su convivencia interna.
Con Información de desenfoque.cl