La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido un oficio que requiere a todos los órganos de la Administración del Estado, incluidos municipios y servicios descentralizados, a sustituir los sistemas manuales actuales de control de asistencia, como los libros de papel, por mecanismos electrónicos modernos y verificables.
Según informa La Tercera, el instructivo, firmado por la contralora Dorothy Pérez, señala que los registros en formato físico no cumplen con los estándares de integridad, veracidad y confiabilidad establecidos por la legislación vigente. Por lo tanto, no serán válidos para justificar el pago de remuneraciones ni para el control administrativo.
El oficio indica que los libros de asistencia y otros sistemas en papel presentan graves debilidades, como errores, omisiones, adulteraciones y anotaciones fraudulentas que han sido detectadas repetidamente por la Contraloría en diversas auditorías.
“No constituyen un método de control adecuado que garantice la veracidad de los datos y el correcto uso de los fondos públicos”, advierte el documento.
En base al principio de eficiencia y servicialidad del Estado -contemplado en la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley N° 18.575)-, la entidad fiscalizadora ha instruido la actualización de los sistemas de registro e incorporación de herramientas tecnológicas como tarjetas electrónicas, sistemas biométricos (huellas dactilares o reconocimiento facial), software en línea o aplicaciones móviles, adaptadas a las funciones y características de cada servicio.
Esta instrucción afecta especialmente a municipalidades y gobiernos regionales, donde el uso de libros físicos es todavía muy común, a pesar de las advertencias previas de la Contraloría.
El nuevo oficio estipula que la implementación de estos sistemas tecnológicos debe ser informada formalmente en un plazo de 20 días hábiles a través de la Ventanilla Única del sistema SIAD (Sistema de Inspección de Acciones Derivadas).
Los organismos que aún no tengan sistemas tecnológicos deberán presentar un cronograma de implementación que no podrá extenderse más allá del primer semestre de 2026, salvo en casos justificables por falta de presupuesto.
El documento también aclara que, en casos excepcionales y debidamente fundamentados mediante acto administrativo, se permitirá aplicar un sistema diferente dentro del mismo organismo para ciertos funcionarios, pero nunca basándose exclusivamente en la jerarquía del cargo, para evitar vulnerar el principio de igualdad ante la ley.
Esta medida se implementa en un contexto de creciente presión social y mediática tras las revelaciones sobre el uso indebido de licencias médicas, ausencias no justificadas y la debilidad en los controles de asistencia, especialmente en el sector público.
Diversas auditorías de la Contraloría han evidenciado que muchos municipios y servicios aún utilizan métodos manuales que favorecen prácticas irregulares y dificultan la rendición de cuentas.
Con esta decisión, el órgano fiscalizador busca estandarizar y profesionalizar los mecanismos de control horario en el Estado, evitando vacíos normativos y asegurando que los fondos públicos se utilicen de manera transparente y de acuerdo con la presencia efectiva de los trabajadores.
La instrucción ha sido distribuida a todos los ministerios, subsecretarías, servicios públicos, gobiernos regionales, municipalidades y unidades internas de la propia Contraloría, marcando un avance hacia una administración pública más moderna, eficiente y fiscalizable.
Con Información de www.lanacion.cl
