Autoridad indígena señala preocupación por la legalidad y el impacto negativo en la pesca artesanal.

Rechazo ante la reactivación de concesiones salmoneras en Aysén: Lonko denuncia daños al medio ambiente e irregularidades

Las comunidades del Archipiélago de Las Guaitecas se oponen con firmeza a la reactivación de una concesión de acuicultura en Repollal, en los sectores de Canal Puquitín y Canal Lagrés, que había estado inactiva durante más de 15 años. La empresa salmonera AquaChile retoma sus actividades sin realizar las evaluaciones de impacto ambiental necesarias ni tener en cuenta la economía local, que se basa principalmente en la pesca artesanal.

De acuerdo con la Ley General de Pesca y Acuicultura, cualquier concesión que no haya tenido actividad durante más de dos años debería ser cancelada. Sin embargo, un informe de agosto de 2024 de la Contraloría General de la República (CGR) ha revelado serias deficiencias en la supervisión de 170 centros salmoneros inactivos. A pesar de la recomendación de la CGR para iniciar sumarios administrativos que aclaren responsabilidades, el gobierno continúa autorizando la reactivación de estas concesiones.

El lonko Daniel Caniullán, representante de la comunidad Pu Wapi, miembro del Comité Bentónico de Aysén y buzo mariscador, denuncia que este regreso a la actividad pasa por alto el desastre ecológico ocasionado por AquaChile en 2009. “Ese centro de cultivo causó un grave daño ambiental en el ecosistema marino. Informamos de la situación a Sernapesca y al municipio, pero no tomaron acción”, recuerda.

Caniullán explica que los efectos fueron evidentes: “La gente sufrió irritaciones en los pies al mariscar, debido a la presencia de grasas y químicos en la superficie. El calor y la acumulación de peces muertos en los pasillos provocaron un colapso en el oxígeno. Ahora, en 2025, intentan reabrir el centro, ignorando la ley y los daños que esto provocará a la pesca artesanal”.

La pesca artesanal en la región depende de recursos bentónicos como erizos, cholgas, chorros y almejas. “Es lamentable ver cómo el gobierno y las autoridades hacen caso omiso a la ley o simplemente miran hacia otro lado. La colusión política es evidente. Hay intereses que respaldan el daño, ignorando los efectos adversos y la relevancia de este ecosistema”, denuncia el lonko.

La zona donde se planea reactivar la salmonera es también hogar de especies emblemáticas como el delfín chileno y el delfín austral. “El gobierno ignora esta situación, y además las empresas intentan limpiar su imagen con donaciones insignificantes, como cuadernos y lápices, engañando a quienes no son conscientes del impacto real de su actividad en el maritorio”, agrega Caniullán.

El lonko advierte sobre una alarmante plaga marina: “Hemos observado que los bancos naturales están siendo afectados por una anémona invasora que está reemplazando los recursos bentónicos. Si sumamos los químicos y pesticidas que las salmoneras vierten al mar, la situación se torna aún más crítica”.

Caniullán aclara que la actividad salmonera interfiere gravemente en el ecosistema marino: “La centoya y otros crustáceos buscan refugio debajo de las jaulas salmoneras, lo que impide que los pescadores puedan colocar trampas en sus zonas de pesca habituales. Esto impacta directamente nuestra economía y nuestro modo de vida”.

Ampliación de biomasa salmonera en Isla Leukayek: Caso Camanchaca

A la problemática de AquaChile se suma la ampliación de biomasa salmonera en Isla Leukayek, promovida por Camanchaca. “Nos preocupa que el gobierno continúe aprobando estos proyectos a pesar de las advertencias de los pescadores artesanales”, afirma el dirigente.

“Durante la participación ciudadana, solicitamos que se respetara el medio ambiente. Sin embargo, la avaricia y el desconocimiento por parte de las autoridades les otorgan luz verde a proyectos inviables”, lamenta el dirigente.

“A ellos no les importa la opinión de los habitantes”

El dirigente enfatiza que la falta de regulación y la complicidad de las autoridades con la industria salmonera comprometen la sostenibilidad del maritorio. “El gobierno y las empresas no quieren escuchar. Les es indiferente la opinión de los habitantes. Si el diálogo no resulta, llevaremos este asunto a tribunales ambientales para determinar si estas empresas están cumpliendo con la ley y respetando los derechos de las comunidades”, subraya.

Por último, Caniullán hace un llamado a la opinión pública para que se mantenga informada y vigilante ante estas acciones que amenazan los ecosistemas marinos de la Patagonia Norte. “Continuaremos denunciando y mantendremos a la comunidad al tanto sobre el avance de este conflicto en los tribunales ambientales”, concluye.

Carta extendida por desastre ambiental 2009.

Con Información de www.elciudadano.com

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