En nuestro país, los temas que acaparan la atención mediática suelen estar relacionados con la farándula, la salud, las encuestas presidenciales, el crecimiento económico y la inseguridad. Sin embargo, queremos destacar dos proyectos inmobiliarios que han pasado desapercibidos para los medios convencionales. La fundación Defendamos la Ciudad ha desempeñado durante años un papel de fiscalización con el objetivo de que los mercados funcionen correctamente, validando así el sistema de libre mercado vigente. A continuación, abordaremos lo sucedido en Las Condes y Ñuñoa con dos millonarios proyectos que no han atraído la atención de la prensa tradicional.
A petición de un empresario pyme, nos vimos obligados a denunciar el permiso de edificación Nº 40, emitido el 10 de abril de 2013 por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes a la Inmobiliaria Mixto SpA, vinculada al Banco de Santander. Este permiso autorizó un proyecto que consiste en un edificio de 22 pisos, con un apéndice de 2 más, ubicado en Isidora Goyenechea 2915, en el sector El Golf, donde se permitía una altura máxima de 15 pisos.
El proyecto fue clasificado como un Conjunto Armónico, lo que permitió al inversionista acceder a beneficios adicionales en términos de constructibilidad y altura, a pesar de que estos no estaban permitidos por la normativa urbanística nacional y dictámenes de la Contraloría General de la República. Este proyecto fue posteriormente adquirido por Copec al Banco de Santander.
Los antecedentes fueron presentados a la Contraloría, que, en su contundente dictamen Nº 40.724 del 21 de noviembre de 2017, determinó que el permiso era ilegal, ya que se habían aplicado erróneamente las estipulaciones del Plan Regulador Comunal (PRC). A pesar de esto, la administración municipal de Las Condes, especialmente bajo Joaquín Lavín, no se disculpó por su negligencia. Ante la inacción de la Contraloría y con el abogado Humberto Rosales, interpusimos una acción judicial en la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual fue admitida el 7 de marzo de 2019, dado que el permiso de edificación no fue notificado a la Junta de Vecinos, tal como exige la legislación vigente.
El caso llegó a la Tercera Sala de la Corte Suprema, que, en un fallo del 7 de abril de 2020 (rol N° 16.585-2019), ignoró las ilegalidades evidenciadas por la Contraloría. A pesar de que la municipalidad había resuelto la solicitud de invalidación, el tribunal desestimó nuestra acción judicial. Es posible que los cinco jueces hayan temido las repercusiones que un fallo correcto tendría en el mercado, considerando que perjudicaba a una institución financiera. Por lo tanto, es razonable preguntarse si Copec no estaba al tanto de que el permiso de la filial del Banco Santander era ilegal, lo que pone de manifiesto la recurrencia de este tipo de situaciones en nuestro país.
Por otro lado, hemos mencionado anteriormente el proyecto de Fundamenta, que consiste en cuatro torres de 32 pisos cada una en Ñuñoa. El juez Sergio Muñoz realizó exigencias técnicas que incomodaron al inversionista, quien, en represalia, lo denunció por supuestas irregularidades relacionadas con su hija, también jueza, resultando en su destitución. Para aclarar esta situación, solicitamos a la Seremi Minvu que revisara el estudio de los conos de sombra, el cual, en nuestra opinión y en la del ingeniero civil Rodolfo Acha, estaba mal elaborado.
Aunque apreciamos el trabajo de la Seremi, liderada por la abogada y arquitecta Carolina Casanova, objetamos su respuesta del 11 de junio de 2025 y elevamos nuestros antecedentes a la Contraloría para que revisara el permiso de edificación N° 296/2018, otorgado para construir tres edificios de vivienda y uno de oficina. Aunque las ilegalidades han prescrito, nuestro objetivo es que se determinen responsabilidades administrativas por la aprobación del mencionado permiso y se reconozca formalmente su ilegalidad, de modo que no se repitan situaciones similares en el futuro. Así, los edificios de Fundamenta no corren riesgo por el tiempo transcurrido.
Nuestra denuncia contra el DOM de Ñuñoa ante la Contraloría sostiene que el megaproyecto se aprobó sin definir la altura máxima permitida en la zona Z-1A del PRC de Ñuñoa, y el permiso fue concedido en 2018, justo antes de que se rigiera una modificación que limitaba la altura a 15 pisos.
Desde entonces, la comunidad de Ñuñoa y la Fundación Defendamos la Ciudad han presentado múltiples reclamos sobre las excesivas sombras proyectadas por las torres, la falta de luz natural y errores técnicos en el estudio correspondiente. Entre las irregularidades denunciadas destacan:
1. El estudio de sombras fue mal realizado, proyectado desde un plano erróneo, incumpliendo con el artículo 2.6.12 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
2. Ausencia de parámetros urbanísticos esenciales, como la altura máxima para la zona Z-1A, en el momento de otorgar el permiso de edificación.
3. Uso indebido de beneficios urbanísticos, acumulándolos de forma simultánea por fusión de terrenos y Conjunto Armónico, lo cual está prohibido por la OGUC (art. 2.6.8), igual que la ilegalidad del permiso en Las Condes.
4. Desconocimiento o distorsión de circulares y oficios técnicos de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, incluyendo las DDU-313 y DDU-311, que establecen criterios sobre altura máxima y estudios de sombra.
Cabe mencionar que la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida por el entonces juez Sergio Muñoz, ya había indicado que la falta de luminosidad de las cuatro torres debía ser resuelta por la Administración. Se espera que la Contraloría, el único órgano del Estado que actúa con integridad y respeto a la ley, aclare la situación en breve.
Finalmente, si se confirman las irregularidades, incluyendo el estudio de los conos de sombra de las torres de Fundamenta en Ñuñoa, ¿reconsiderará la institucionalidad la destitución del exjuez Sergio Muñoz? Y respecto al edificio en Las Condes, ¿sabrá Copec que adquirió el inmueble con un permiso fraudulento?
Con Información de www.elperiodista.cl
