Francisca Moya, directora de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres, se enfrenta a críticas por parte del Partido Socialista (PS) tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que resultó en la destitución de la senadora Isabel Allende.
Se le atribuye la responsabilidad de haber permitido el avance en la compraventa de la vivienda del expresidente Salvador Allende, ubicada en Guardia Vieja, Providencia.
Según Emol, este lunes Moya acudió a la comisión investigadora sobre el fallido proceso de adquisición del mencionado inmueble. Aceptó que tanto ella como su equipo estaban al tanto de la normativa que inhabilitaba a Allende y a la ahora exministra de Defensa, Maya Fernández, para formalizar contratos con el Estado.
No obstante, defendió su papel, argumentando que este se limitó a llevar a cabo una revisión técnico-legal de los decretos supremos, conforme a lo que establece la ley.
La División Jurídico-Legislativa tiene funciones concretas, como asesorar al Presidente en temas legales, revisar la legalidad de decretos, proponer alternativas legislativas y dar seguimiento a proyectos de ley.
Moya evitó pronunciarse sobre si informó al Mandatario acerca de las inhabilidades, alegando que su trabajo es de índole técnica y no decisoria.
Con Información de www.lanacion.cl