La votación del capítulo uno de la Acusación Constitucional fue aprobada con 44 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. Para el capítulo dos, hubo 27 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones. Finalmente, el capítulo tres recibió 30 votos a favor, 7 en contra y 8 abstenciones.
Por Claudia Molina B.| HECHOS
El Senado de Chile aprobó hoy la acusación constitucional contra Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, a través de una votación dividida por capítulos. El primer capítulo se aprobó por unanimidad, con 44 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. En el segundo capítulo, la Sala registró 27 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones, alcanzando así la mayoría requerida de 26 votos para su aprobación. Finalmente, el tercer capítulo obtuvo 30 votos a favor, 7 en contra y 8 abstenciones, consolidando la aprobación del libelo acusatorio. En total, realizaron su voto 44 de los 50 senadores en ejercicio, cumpliendo con el quórum constitucional.
Motivos de la acusación
El libelo acusatorio —presentado por la Cámara y evaluado por el Senado— imputa a Ulloa “notable abandono de deberes” en tres aspectos:
- Violación del deber de reserva.
- Infracción al deber de imparcialidad.
- Intervención inadecuada en nombramientos judiciales.
Entre los hechos más destacados, se menciona que recibió información reservada, no se inhabilitó en conflictos de interés y participó en designaciones dentro del Poder Judicial.
Defensa de Antonio Ulloa
Abogado defensor: Domingo Hernández
El abogado que representa a Ulloa es Domingo Hernández, exministro del Tribunal Constitucional y docente. Hernández ha argumentado ante la comisión de la Cámara y el Senado que la acusación no tiene base jurídica sólida y se sustenta en “reportajes periodísticos en lugar de pruebas judiciales verificables”.
Argumentos de la defensa
- Falta de sustento jurídico: La defensa sostiene que el libelo se basa en publicaciones de prensa, no en hechos procesalmente comprobables.
- Respeto a criterios de la Corte Suprema: Hernández solicitó al Congreso respetar la decisión previa de la Corte Supremo, que no destituyó a Ulloa tras un empate 7-7.
- Separación de poderes: El defensor advirtió que reabrir un caso ya evaluado por la máxima corte podría perjudicar la independencia judicial, transformando la acusación en un juicio político más que legal.
Precedente de la Corte Suprema
El 30 de septiembre de 2025, el pleno de la Corte Suprema votó sobre la remoción de Ulloa, resultando en un empate 7-7.
- Siete ministros argumentaron que su comportamiento no configuraba una falta grave.
- Otros siete afirmaron que su conducta afectaba la confianza pública en el sistema judicial.
El empate mantuvo al juez en funciones, pero generó controversia y allanó el camino para la acusación constitucional.
Estándar de condena en el Senado
En este ámbito, el Senado actúa como jurado político. Cada capítulo del libelo se votó de manera independiente, requiriendo una mayoría absoluta entre los 50 senadores en ejercicio (26 votos). Si al menos un capítulo alcanzaba ese quórum, Ulloa sería destituido e inhabilitado por cinco años para ocupar cargos públicos. Si todos los capítulos eran rechazados, permanecería en su puesto y el proceso concluiría. La votación no favoreció a Ulloa, quien fue destituido e inhabilitado.
Impacto del fallo en diferentes poderes y la sociedad
Impacto en el Poder Judicial
La acusación contra un ministro de Corte representa un significativo gesto de control y rendición de cuentas dentro del sistema. Su aprobación reafirmaría que los jueces, aunque independientes, no son inmunes a la responsabilidad política por sus acciones. Contrariamente, un rechazo fortalecería la autonomía del Poder Judicial, marcando un límite a la intervención política del Congreso. En ambos escenarios, el fallo influirá en la percepción de transparencia, probidad y límites en las relaciones dentro del sistema de justicia.
Impacto en el Poder Legislativo
El Senado, al actuar como jurado, ha enfrentado el reto de no politizar un asunto judicial. Una votación dividida podría evidenciar la pluralidad política, pero también generar dudas sobre la objetividad del Congreso al juzgar a jueces. El resultado se convertirá, sin duda, en un precedente sobre hasta dónde puede llegar el control político sin comprometer la independencia de otro poder del Estado.
Impacto en la sociedad
Para la ciudadanía, este proceso va más allá del futuro de un magistrado: simboliza el nivel de confianza en las instituciones y la expectativa de que la justicia actúe con integridad. La atención pública ha sido significativa, ya que el caso afecta la credibilidad del sistema judicial y el equilibrio de poderes, pilares del Estado democrático. Un fallo condenatorio podría verse como un acto de saneamiento institucional; mientras que uno absolutorio sería interpretado como una defensa de la independencia judicial. Ambas decisiones repercutirán en la percepción ciudadana de la justicia y la política.
Impacto institucional y perspectivas
El caso de Ulloa reaviva el debate sobre el equilibrio entre responsabilidad y autonomía judicial, refuerza el escrutinio sobre la ética de los magistrados y abre la puerta a posibles reformas en los procesos de nombramiento y control. El desenlace de este proceso marcará un hito en la historia institucional de Chile.
Con Información de factos.cl
