Por Alejandro Navarro Brain
En Chile, tras el reciente apagón eléctrico que afectó a todo el territorio nacional, nos vimos forzados a lidiar con la oscuridad mientras regresábamos a casa, donde la noche se volvía nuestra única compañía.
Esto nos llevó a mirar hacia el cielo y recordar que esa espléndida bóveda con sus infinitas galaxias y estrellas seguía ahí, oculta por la luz que en ese día no tuvimos. Afuera, la situación era excepcional: toque de queda y militares patrullando nuestras ciudades. Esta vez, no fue por la caída de una torre o un cadenazo, sino por un blackout que paralizó el sistema.
No obstante, resultó ser una oportunidad única para observar el cielo, ya que las compañías eléctricas solo brillaban por su ausencia esa noche.
Al día siguiente, la luz del sol regresó al igual que la electricidad. Era comprensible que después de esta tormenta, provocada por el ser humano y con nombre y apellido, la normalidad se restableciera.
Las empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras de electricidad en Chile, mayormente controladas por capitales extranjeros de países como China, Francia, Colombia e Italia, son responsables de brindar un servicio eléctrico de calidad y continuo, por el cual todos los chilenos pagamos. Este año, las tarifas han aumentado más del 50%, afectando especialmente a los hogares de clase media que no califican para subsidios.
Chile cuenta con la capacidad para exportar electricidad; el desierto de Atacama presenta un excedente constante de generación solar, mientras que en el sur, la energía eólica continúa su crecimiento. En definitiva, tenemos más que suficiente energía eléctrica para satisfacer la demanda nacional actual.
Por ello, resulta desconcertante que se produzcan apagones en un sistema que parece tener la demanda cubierta y múltiples opciones de generación, incluidas innovadoras como la captura de gas metano proveniente de residuos domiciliarios.
Nuestro Sistema Eléctrico (SE) ha estado en ascenso, no solo en tarifas para los consumidores, sino también en producción de energía eléctrica. Ambas condiciones deberían asegurar que el sistema no colapse, pero lo hizo y puede volver a suceder.
Esta es una gran pregunta que deben responder tanto las empresas privadas como el gobierno.
Actualmente, el enfoque del debate radica en la restitución del servicio eléctrico, que es cuestión de vida o muerte para las 12 mil familias electrodependientes que no cuentan con generadores, y aún las empresas no han proporcionado equipos emergentes.
El marco político del día siguiente se centró en encontrar culpables, siendo la exsenadora y exalcaldesa, así como precandidata presidencial Evelyn Matthei, quien responsabilizó al Gobierno mientras mantenía un silencio oscuro respecto a los propietarios de las ahora privadas empresas eléctricas.
Su aparición tuvo como objetivo señalar que es responsabilidad del gobierno garantizar el suministro eléctrico y que el presidente Boric ha incumplido su deber.
Esa disonancia cognitiva es inexcusable; quienes promovieron la privatización de los servicios básicos, especialmente el eléctrico, y transferían la gestión del Estado al sector privado, viven en una contradicción.
Durante décadas, la derecha ha obstaculizado una mayor regulación del suministro eléctrico y ha frenado la imperativa modernización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
En la Región del Biobío, esta cuenta con solo una planta de seis funcionarios y una oficina en Concepción, sin presencia en las provincias; quienes deseen reclamar un abuso deben viajar a la capital regional, y en otras partes del país la situación es similar. A pesar de contar con tecnologías de supervisión, carece de capacidad de fiscalización y prevención, como se demostró en los devastadores incendios forestales hace unos años, consecuencia de la falta de mantenimiento de las líneas de transmisión.
La figura del Coordinador Nacional Eléctrico necesita una revisión urgente. Este no ha logrado concretar la construcción de líneas y subestaciones críticas para la conexión de energías renovables. Hasta ahora, cinco licitaciones han sido declaradas desiertas, y no logró incorporar centrales de generación hidroeléctrica para abordar la crisis, que es su única función. Esta empresa privada responde ante la SEC, por lo que su papel en esta crisis debe ser evaluado.
“¿Para qué regular?”, preguntaban, reflejando la postura durante décadas de los parlamentarios de la derecha, quienes hoy parecen padecer también de amnesia legislativa.
La constatación de esta política anti regulatoria está presente en los debates de las comisiones y la sala del Senado sobre todos los proyectos de ley que buscaban fortalecer a la SEC. La evidencia está ahí, junto a los proyectos de ley que nunca fueron aprobados por bloqueo legislativo. “Dejar que el mercado regule el sector”, pero el mercado no cumplió con esa función.
Matthei sabe que una falla de esta magnitud debe ser investigada y sancionada. Cada retraso en el pago de la cuenta mensual de electricidad conlleva un corte y mayores costos para los usuarios. Por lo tanto, culpar al Gobierno a priori es imprudente y distorsiona el necesario análisis de esta crisis. Las pérdidas siguen sin ser calculadas, pero lo que sí está claro es que se debe evitar que las empresas del SE asuman esos costos, las cuales, por cierto, no son chilenas y están preparadas para demandar al Estado chileno si sus utilidades no se cumplen, como estipula el TPP 11 y los tratados de libre comercio; algo que la exsenadora Matthei apoyó fervientemente. Por lo que su defensa de los intereses nacionales resulta poco creíble, ya que poco le interesa sancionar a los responsables.
La defensa de la patria implica la defensa de los derechos ciudadanos, lo que a su vez es la defensa de la soberanía. No se puede erigir como defensor de la patria y al mismo tiempo desatender los intereses ciudadanos, que son la esencia de la soberanía, porque sin el pueblo no hay soberanía.
Los ciudadanos que han sufrido pérdidas y perjuicios a raíz de esta situación deben demandar a las empresas responsables; y si el Estado no respalda estas demandas, también se le debe exigir cuentas al propio Estado por su falta de fiscalización.
El Gobierno no puede adoptar una postura neutral en este contexto.
La ciudadanía debe organizarse y defender sus derechos, con respeto pero firmeza. Se les debe exigir al Congreso Nacional la restitución de la soberanía sobre nuestro sistema eléctrico nacional; de lo contrario, esta crisis se repetirá.
Las empresas no actuaran ante lo que no se les obliga.
Al privatizarlas sin control, se omitió el debate ciudadano y parlamentario; fue un acto impuesto por la fuerza de las armas que excluyó completamente a la ciudadanía, lo que llevó a una pérdida progresiva de nuestra soberanía, que resulta en el deterioro o supresión del derecho a deliberar sobre los asuntos públicos que nos afectan. Esto, a su vez, provoca daños materiales y morales, restringe derechos y altera el correcto funcionamiento de nuestra sociedad.
Y no se hace nada por cambiar esta condición de clientes y no ciudadanos.
Por ello, es un error de Matthei creer que su nacionalismo se alinea de alguna manera con atacar al estado que ellos mismos han debilitado y atrofiado en sus funciones esenciales, afectando gravemente la seguridad nacional. Al minimizar las responsabilidades de las empresas a las que han protegido con este modelo fallido, han limitado la capacidad de fiscalización y defensa de los intereses ciudadanos, optando por la concesión del Estado para el funcionamiento de estas empresas que han incumplido sus compromisos. Este cambio debe ser implementado de manera inmediata.
Lo mínimo que se debe exigir es eficiencia, la cual ha estado ausente. Si esta fuera una administración estatal, Matthei, Kast y Kaiser estarían demandando su privatización.
El discurso de estas personalidades de la derecha necesita ser consistente para ser creíble; no pueden eximir a las empresas de sus responsabilidades en sus declaraciones.
La dura realidad es que su defensa de la economía resultó en la entrega de la soberanía. Chile no es soberano en sus riquezas naturales, y algunos, como Matthei, no entienden la diferencia entre nacionalismo y soberanismo.
Es inaceptable dejar nuestra energía sin las condiciones y exigencias de cumplimiento y fiscalización. Sin ello, dependemos de otros estados. No son meramente empresas privadas; son entidades cuyos principales accionistas son gobiernos de otros estados.
El capital no tiene nacionalidad, pero sí propietarios. Por lo tanto, son otros estados nacionales quienes pueden influir en tareas y objetivos propios del Estado de Chile en áreas estratégicas y geopolíticamente esenciales.
Es palpable la necesidad de inversiones internacionales en nuestra economía, las cuales han sido clave para el desarrollo y modernización de nuestra infraestructura eléctrica, siendo altamente rentables para ellos, sin sentirse supervisados, lo que convierte la maximización de sus utilidades en su principal prioridad, en detrimento del servicio público que están obligados a brindar con eficiencia y calidad.
¿Cómo se regulan estas empresas?
Operan bajo contratos y licitaciones internacionales establecidas por Chile. Son monopolios donde no hay opción de elegir otro proveedor, y no existe competencia; no se puede adquirir electricidad de otra empresa en la comuna o región. Solo está disponible lo que hay.
La única respuesta viable es implementar una regulación que proteja la soberanía nacional.
La candidata presidencial de la derecha debería aclarar a quién defiende y qué busca proteger con su candidatura a La Moneda. Su discurso muestra claramente que no ha cambiado su postura sobre el mercado y su autorregulación. Nuevamente, quienes pagan el costo de la desregulación son los ciudadanos, que carecen de voz y voto en este debate crucial en Chile.
Estoy convencido de que hay millones de chilenos y chilenas indignados que, cada mes, hacen un esfuerzo enorme para pagar su cuenta de luz y no merecen ser tratados de esta manera.
La soberanía recae siempre en el pueblo, sin excepciones.
El Gobierno debe tomar la iniciativa y considerar en su programa la creación de un sistema de fiscalización eléctrica en este último año, sometiendo su trabajo al escrutinio popular a través de elecciones.
Pronto no habrá oportunidades para avanzar y fortalecer los derechos de las personas y el papel regulador del Estado.
Los partidos tienen la obligación de incluir este tema en su agenda inmediata; no hacerlo será un nuevo error político y social.
La única conexión directa entre los ciudadanos y las empresas será la boleta de cobro. Pero se debe observar a todos los actores con la mayor sabiduría; es un deber ciudadano, porque no somos solo un número de cliente.
La entrega de empresas estratégicas no solo significó la desnacionalización de nuestra economía; fue también la cesión de soberanía, y hoy estamos enfrentando las consecuencias.
Por Alejandro Navarro Brain
Exsenador
28 de febrero de 2025
Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad exclusiva de su autor(a) y no reflejan necesariamente las posiciones de El Ciudadano.
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