La transparencia es un valor fundamental en una democracia, especialmente en lo que respecta a los actos administrativos y a la responsabilidad pública de quienes los llevan a cabo. Estos actos impactan directamente en la vida de los ciudadanos, ya que el Estado y su burocracia recaen sobre ellos. La transparencia no debe ser solo un principio, sino que debe llevarse a cabo con rigurosidad y procedimientos claros. En Chile, el control de la legalidad y oportunidad de esos actos es muy variable entre los distintos servicios públicos, dejando a menudo una gran incertidumbre legal y decisiones que se basan en la discrecionalidad de los funcionarios, en lo que los expertos denominan «zonas grises» debido a su falta de claridad.
Las acciones de organismos reguladores como la CMF, la Superintendencia de AFP, la SUPERIR, la Fiscalía Nacional Económica, la TGR y la Superintendencia de Pensiones, cuando se realizan, no generan la certeza necesaria en los tribunales. Ofrecen solo una débil fe pública, ya que rara vez validan decisiones coherentes basadas en la legalidad y la oportunidad. Estas labores suelen ser flexibles, carecen de rutinas definidas en el tiempo y, en muchas ocasiones, se omiten por completo. Cada caso se convierte en una excepción, y los jueces que evalúan estos actos en los juicios nunca realizan un análisis legal de tales situaciones, dado que la responsabilidad recae en otros. Así, la responsabilidad pública de los servicios se pierde, convirtiéndose en una ley muerta que alimenta un entorno burocrático estatal donde predomina la arbitrariedad.
Un regulador sin regulación
Este es el contexto del ámbito previsional, uno de los problemas más angustiantes y críticos del Estado chileno, liderado por Osvaldo Macías Muñoz, ingeniero comercial de la Universidad Católica y magíster en Dirección de Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Su comportamiento silencioso lo sitúa en el reducido grupo de la alta burocracia estatal que escapa al control público.
Desde 2016, Macías dirige la Superintendencia de Pensiones y ha pasado por tres administraciones: Bachelet, Piñera y actualmente Boric. Antes, ocupó el cargo de intendente de seguros en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), hoy CMF, durante 13 años (2003-2016). En los años 90 fue jefe de análisis y de la división de estudios en la Superintendencia de AFP. Su llegada a su actual puesto se produjo tras la salida de Tamara Agnic, quien fue fuertemente criticada por aprobar la fusión de las AFP Cuprum y Argentum, lo que otorgó a la administradora un beneficio fiscal de casi 80 mil millones de pesos.
Con más de 30 años de experiencia en el sector, Osvaldo Macías se presenta como un pilar del sistema, sobre todo en los aspectos financieros. No obstante, su reticencia a la exposición pública no ha evitado que su gestión se vea empañada por serias fallas, decisiones cuestionables y un reciente escándalo relacionado con el caso Curauma, que pone de manifiesto su falta de compromiso en el ejercicio de sus responsabilidades de regulación.
Curauma: la quiebra que lo desnuda
Durante su período como intendente de seguros en la SVS, Macías supervisó EuroAmerica Seguros de Vida S.A., una aseguradora vinculada al desarrollo inmobiliario Curauma en Valparaíso. Este proyecto prometía ser un activo valioso, pero, de manera ilegal, fue forzado a la quiebra. Como resultado, pequeños inversionistas y acreedores perdieron sus capitales, mientras que subastas poco transparentes vinculadas a EuroAmerica beneficiaron a unos pocos a expensas de muchos.
Años después, una carta fechada el 3 de febrero de 2025 y firmada por Esteban Rodríguez, ejecutivo de Curauma, acusó a Osvaldo Macías de graves irregularidades en esa crisis. En 2017, Rodríguez, amparado en la Ley de Transparencia, solicitó conocer las inversiones de las AFP entre 2002 y 2016 y pidió detalles sobre el “balance diario, flujo de caja, estado de variación del patrimonio”. Macías se negó, argumentando que divulgar esa información perjudicaría a los afiliados, argumento que fue cuestionado y finalmente la Corte de Apelaciones le ordenó entregar la información requerida, lo que dañó la credibilidad de Macías. Además, él infló la estimación de recursos necesarios para cumplir con la solicitud y no recibió apoyo de las AFP, preocupadas por su imagen.
El detallado análisis de la información reveló irregularidades en la quiebra de Curauma que afectan a los afiliados y evidencia que Macías no tomó medidas para proteger los activos o prevenir el colapso. Su falta de acción no tiene justificación, lo que sugiere que, si no fue negligente de manera rotunda, sí podría haber actuado de forma cómplice o corrupta con aquellos que se beneficiaron del desorden. Así, la crisis de Curauma no sería un tropiezo en su trayectoria, sino una clara demostración de que Macías no cumplió con su responsabilidad pública, sugiriendo una serie de actos ilegales y omisiones para apropiarse de los bienes de la compañía.
Con conexiones dentro de la DC y una alianza visible con la ministra Jeannette Jara, Macías sostuvo durante el debate sobre la reforma previsional un discurso basado en la oportunidad, criticando las pensiones bajas, pero en 2021 desestimó el sistema de reparto como “absolutamente inviable”. Ha manejado con astucia una red de influencias y favoritismo que, evidentemente, está llegando a su fin.
Las redes sociales reflejan que la verdad lo acecha. Hasta junio, cuando finaliza su mandato, Macías continúa siendo un vínculo clave para reuniones entre la Superintendencia de AFP y los líderes de Cuprum, Habitat y la Asociación de AFP. Según personas cercanas a la asociación, “es más un aliado que un adversario, ya que no regula, sino que pacta” con aquellos que debería controlar.
Con Información de desenfoque.cl