Análisis sobre el impacto del fraude en la educación pública: ¿descanso o abuso?

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Imagen de Mana Akbarzadegan en Unsplash

El reciente escándalo sobre las 25,000 licencias médicas fraudulentas otorgadas a empleados públicos ha puesto en entredicho la ética en la administración pública. El Ministerio de Educación representa el 11.8% de estos permisos, lo que equivale a 4,214 licencias otorgadas entre 2023 y 2024. Para tener una idea de la magnitud, esta cifra supera la capacidad del Salón Bicentenario del Club Hípico de Santiago. En desglose, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) contabiliza 2,280 licencias, mientras que la Fundación Integra suma 1,934.

Es relevante señalar que estos datos se refieren a casos comprobados, dado que los funcionarios implicados viajaron al extranjero durante su presunto período de recuperación. Las conversaciones cotidianas en el entorno laboral tienden a normalizar estas prácticas: expresiones como “me tomo una licencia para ir a la playa” o “me voy a un concierto” evidencian una cultura de abuso que ha emergido.

Abrir esta «caja de Pandora» nos lleva a preguntarnos cuántas licencias se solicitan antes de los fines de semana largos. Esto no implica desestimar la validez de una enfermedad o problemas de salud mental, pero es importante recordar que las licencias no permiten viajar al exterior, salvo casos excepcionales como tratamientos médicos. Así, resulta cuestionable el caso del alcalde de Macul, del Partido Republicano, quien justificó su viaje al extranjero por razones de salud y luego fue fotografiado en un estadio de fútbol junto a un equipo profesional.

El costo invisible de esta situación es enorme: no solo afecta la credibilidad de las licencias médicas, sino que también obstaculiza el funcionamiento de instituciones tan importantes como las salas cuna y jardines infantiles. En 2023, la Junji recibió $8,636 millones, cifra que aumentó a $13,660 millones en 2024 según sus cuentas públicas. La Fundación Integra, por su parte, tuvo un presupuesto cercano a los $820 millones en 2024. Estos son recursos significativos, financiados por todos los chilenos.

Detrás de este problema también hay una red de profesionales de la salud —médicos— cuyo papel es crítico para el sistema, pero que en algunos casos se ha visto involucrada en estas irregularidades. La Contraloría General de la República, bajo la dirección de la contralora Dorothy Pérez Gutiérrez, ha desempeñado un papel crucial al destapar este caso, llevando a cabo fiscalizaciones y cruzando datos de licencias con registros de salidas de país. Es una señal clara de que la fiscalización funciona, aunque evidentemente es insuficiente para erradicar la cultura de abuso.

Desde mi experiencia como docente en diversos colegios, tanto públicos como privados, recuerdo cómo algunos colegas presentaban licencias antes de los feriados largos. En cualquier entorno laboral, la ausencia de un compañero incrementa la carga de quienes permanecen, lo que implica que deben asumir tareas adicionales. Es fácil imaginar que en instituciones como Junji o Fundación Integra la situación sea similar, afectando el ambiente laboral y provocando agotamiento en los equipos.

¿Qué puede hacer la escuela ante este panorama? En primer lugar, iniciar el debate en las aulas. Escuchar a los estudiantes, conocer sus puntos de vista y entender cómo perciben estas situaciones. También es crucial replantear la formación cívica, una asignatura fundamental que se eliminó del currículo escolar. En promedio, los estudiantes pasan 35 horas semanales en la escuela, pero el tiempo dedicado a artes y música ha disminuido. ¿Dónde queda el espacio para abordar temas de ética, empatía y ciudadanía? Es esencial recuperar la formación cívica, reintroducir la filosofía desde primero medio y crear espacios para reflexionar sobre el bienestar común.

Finalmente, no podemos permitir que este caso se olvide. Existe la percepción de que el tiempo garantiza la impunidad, que en unos meses todo quedará sin sanciones. Pero hasta ahora han renunciado cerca de 1,000 funcionarios públicos, el Presidente Gabriel Boric ha solicitado la salida de autoridades involucradas y se han iniciado sumarios para otros. También se ha requerido investigar a médicos que podrían estar participando en estas conductas indebidas. Y si aún hay dudas sobre cómo opera este mercado, basta con revisar páginas de Facebook, Instagram o grupos de WhatsApp donde se ofrecen licencias médicas y de conducir de forma fraudulenta…

Si necesitas algún ajuste adicional, ¡házmelo saber!

Con Información de pagina19.cl

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