En el núcleo del sistema de protección infantil se encuentra una contradicción que resulta ineludible: a medida que un niño sufre más, mayor es la activación de instituciones que se benefician de su atención. Un negocio silencioso del cual pocos quieren hablar.
Por Claudia Molina B.
Artículo de análisis sobre infancia y salud.
Examinar el sistema de protección infantil en Chile requiere valentía. Implica confrontar una estructura que, bajo el pretexto de proteger, acaba financiándose a sí misma a costa del sufrimiento de aquellos que debe resguardar. La paradoja es brutalmente clara: mientras un niño atraviesa una vulneración que lo lleva a ser institucionalizado, hay otros —instituciones, programas, estructuras enteras— que reciben compensación. Esta relación entre financiación y permanencia fue expuesta de manera cruda en el Informe de la Comisión Investigadora SENAME II, que está disponible en el Senado en el siguiente enlace:
Este modelo convierte cada ingreso en un ingreso mensual garantizado, un cupo, una cifra que nutre presupuestos y mantiene en funcionamiento una serie de instituciones que dependen de esa permanencia para subsistir. Esta situación no es nueva y ha sido documentada, por ejemplo, en las misiones de observación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre residencias, donde se reportan permanencias prolongadas, falta de supervisión efectiva y reiteradas vulneraciones. Un informe esencial es el relacionado con niños, niñas y adolescentes con discapacidad en residencias, que puedes consultar aquí:
https://bibliotecadigital.indh.cl/items/f1d9ba7a-61f0-4cfc-a561-fc46af4a2d71
Cuando los organismos colaborativos reciben fondos según el número de niños atendidos, la estructura comienza a depender de esa cifra. No del avance, no del acompañamiento efectivo, ni de la calidad. Este diseño establece una paradoja brutal: un niño que egresa representa una pérdida inmediata de recursos, mientras que uno que se mantiene institucionalizado —o que es trasladado, re-evaluado o recategorizado— asegura la continuidad presupuestaria.
Los informes del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) muestran cómo el sistema sigue destinando grandes recursos al mantenimiento de programas que realmente no logran mejorar las condiciones de vida de los NNA. Puedes consultar el Informe de Gestión 2022, que detalla el funcionamiento y resultados del sistema:
De esta lógica surge un círculo vicioso difícil de romper: cuanta más vulneración hay, más niños ingresan al sistema; a más niños que ingresan, mayor es el flujo de recursos; y a medida que más presupuesto se asegura mediante la permanencia, disminuye la urgencia por modificar el modelo. Este fenómeno se confirma en informes de la Defensoría de la Niñez, que documentan vulneraciones severas en residencias, evidenciando que la prolongada institucionalización no necesariamente garantiza protección. Un ejemplo es el Informe de visita a Aldeas SOS Quilpué (septiembre 2021), accesible aquí:
Este funcionamiento se hace evidente en prácticas repetitivas: procesos terapéuticos sin avance, informes técnicos que justifican prórrogas sin profundidad, evaluaciones que se acumulan sin ofrecer soluciones, y traslados que parecen inevitables. Cada retraso y nueva derivación se traduce en tiempo adicional en el sistema. Y ese tiempo no es inocente para el niño; es tiempo perdido en su desarrollo, tiempo sin vínculos estables, tiempo sin un futuro claro. Para el sistema, sin embargo, es financiamiento garantizado.
Mientras el sistema gira en círculos, los niños son quienes más sufren. Viven la inestabilidad como una segunda vulneración, pierden continuidad emocional, ven fragmentada su historia en informes y archivos, y experimentan una infancia marcada más por la institucionalización que por el acompañamiento. A nivel nacional, investigaciones periodísticas, como las realizadas por CIPER Chile, han revelado la magnitud de los recursos gastados en un modelo que, a pesar de su alto costo, continúa produciendo resultados insatisfactorios para los NNA.
Asimismo, organizaciones independientes han desarrollado diagnósticos concluyentes. Un ejemplo es el informe “Situación de los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado de Chile (2018)”, elaborado por Fundación Para la Confianza, que se encuentra disponible aquí:
https://nuevo.paralaconfianza.org/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Anual-2018-completo.pdf
Es fundamental señalarlo con claridad: el problema no son los trabajadores que se esfuerzan en un sistema que les exige más de lo que pueden proporcionar. El problema radica en la estructura. Ningún modelo puede funcionar de manera saludable cuando su financiamiento depende del número de niños vulnerados a su cargo. Ningún país puede mantener una política pública que tenga como engranaje fundamental el sufrimiento infantil.
Transformar este escenario requiere decisiones profundas. Significa financiar la prevención con la misma fuerza con que se financian los programas residenciales. Implica medir resultados reales, no solamente tasas de matrícula. Significa invertir en el fortalecimiento familiar antes de que la situación se agrave. Significa acompañar las salidas del sistema con la misma seriedad que se gestionan las entradas. Y, sobre todo, significa romper la dependencia económica entre vulneración y financiamiento.
Porque la protección infantil nunca debe ser un negocio. Un modelo que se mantiene a partir del daño no protege: administra. No sana: retiene. No repara: perpetúa. Y mientras esto continúe, Chile fracasará en su misión más básica, ética y urgente: cuidar a los niños antes que al sistema.
Con Información de factos.cl
