Por Hugo Catalán Flores. Columnista de FACTOS
Con el paso de los años, el 18 de octubre de 2019 se aleja de ser solo una contingencia y se consolida como un hito histórico, representando la manifestación más significativa de una crisis profunda y estructural en Chile. Este evento revela el colapso del sistema político de representación y del modelo de desarrollo instaurado desde la década de 1980. Para un amplio sector de la población, este proceso ha adquirido diversas interpretaciones, oscilando entre la épica de la revuelta y la mera expresión de descontento. La jornada del 25 de octubre se convirtió en la más masiva en la historia del país, con millones de personas en las calles. Con el tiempo, su significado ha sido objeto de debate: ¿rebelión?, ¿hecho social total?, ¿simple descontento dentro de los márgenes de la “manifestación legítima”? Para las élites, ha sido reducido a la “delincuencia desatada”.
Recientemente, Sergio Muñoz Riveros —exdirigente comunista y ahora comentarista de derecha— publicó una columna en El Mercurio que vuelve a plantear afirmaciones y conceptos que especulan sobre los hechos posteriores a la revuelta de octubre de 2019. Al revisar su producción sobre el tema, se percibe que ha sido elevado como portavoz de interpretaciones extremas para «comprender» la situación relacionada con esa fecha. En su relato, destaca la violencia iconoclasta como el elemento central de la movilización, sin considerar el contexto completo: la violencia simbólica ejercida por las autoridades frente al descontento social, así como la represión hacia los estudiantes que protestaban por el alza de las tarifas del metro. Estos elementos se sumaron a un creciente estado de hastío que culminó en el resultado que todos conocemos.
La columna se titula “18 de octubre: merecemos toda la verdad”. En ella, el autor sostiene que las “manifestaciones pacíficas” no definieron el periodo, sino que fue la destrucción iconoclasta, tan significativa que debe interpretarse como “la vanguardia de un alzamiento”. Esta afirmación parece buscar redirigir la atención a la idea de un intento golpista, concluyendo con la pregunta: “¿Es válida la hipótesis de que, en la génesis de esta agresión, pudo haber actuado otro Estado?”. Lanza, además, el consabido ejemplo de Venezuela, Diosdado Cabello y el eje del mal, algo poco innovador. También recuerda la declaración de Piñera: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, que sirvió como chivo expiatorio, aunque, dada la magnitud de la revuelta, es más probable que esta frase tenga un significado más profundo que la hipótesis “delincuencial” que busca sostener.
En estos años, por fortuna, se ha generado una rica producción reflexiva, con numerosos trabajos que abarcan desde testimonios personales y colectivos hasta análisis teóricos y periodísticos. Cabe mencionar la investigación de la periodista Josefa Barraza Díaz y el forense Carlos Gutiérrez Ayala, titulada ¿Quién quemó el metro? Las revelaciones de una investigación periodística y forense (LOM, 2023), que se ha esforzado por construir, a partir de abundante documentación, una hipótesis sólida sobre los vacíos del proceso y los hechos de violencia, contradiciendo las especulaciones de Muñoz Riveros.
Sin embargo, un columnista excomunista suele parecer más convincente que investigaciones y reflexiones serias sobre contextos sociales y políticos, el cansancio social y la violencia simbólica. Este último concepto, desarrollado ampliamente por Pierre Bourdieu y retomado por Slavoj Žižek, describe un estado de cosas que se acerca más al ambiente subjetivo de las semanas previas.
El aumento del pasaje en Transantiago, el alza de precios en bienes esenciales, la caída del valor de las flores reflejada en el IPC y las largas filas para obtener una consulta médica en el sistema de salud pública son ejemplos claros. Cada uno de estos eventos fue respondido por las autoridades con un “ingenio” comunicacional que evidenciaba su desconexión: “transite en horario valle”; “ahorre”; “aproveche y compre flores”; “la fila es un espacio de socialización popular”. Todo esto constituye una forma de violencia simbólica, normalizada, que comenzó a resaltar el malestar, especialmente cuando cientos de estudiantes secundarios iniciaron una “contra-violencia simbólica”.
Podríamos coincidir con Muñoz Riveros en que los partidos progresistas, en un primer momento, actuaron como meros observadores: no hubo liderazgo ni capacidad de respuesta. Fue un fenómeno destituyente, algo que ha sido legitimado recientemente por científicos sociales al observar el surgimiento de movilizaciones populares —de Nepal a Perú— inorgánicas, sin liderazgos claros, pero capaces de presionar a las autoridades para lograr cambios. Este tipo de movilizaciones son constantes en la era de las comunicaciones instantáneas, y detrás de ellas se encuentra la inquebrantable fuerza de la población que clama por mejorar su situación. En Chile, esto sigue siendo una tarea pendiente.
Con Información de factos.cl
