Por Claudia Molina B.| FACTOS – Columna de Opinión
La fuga disociativa en psicología se refiere a una reacción extrema frente a un trauma insoportable: la ruptura con la vida anterior, el abandono de la identidad e incluso la adopción de otra, donde se borran recuerdos esenciales como mecanismo de defensa inconsciente contra el dolor y el terror.
Este fenómeno, descrito en el siglo XIX por médicos franceses como Eugène Azam y Jean-Martin Charcot, fue más tarde reconocido como un trastorno disociativo en los manuales clínicos. En el contexto histórico de Chile, este concepto ayuda a entender cómo personas como Bernarda Vera, militante del MIR en Valdivia y Neltume —un área gravemente reprimida tras el golpe de 1973—, se vieron forzadas a desaparecer y desprenderse de su pasado. Neltume fue un lugar de redadas, ejecuciones y violencia intensa; allí, la fuga no era solo una opción psicológica, sino una necesidad de supervivencia.
Una vida que desafía el negacionismo
La existencia de Bernarda Vera después de más de medio siglo debería ser un motivo de alivio y respeto. Sin embargo, esta realidad ha sido utilizada por sectores de derecha para promover burlas e insultos, instaurando un negacionismo cruel que reduce la tragedia de 1.102 detenidos desaparecidos oficialmente reconocidos a un caso aislado.
Es fundamental señalar que esas cifras apenas reflejan la verdad: hay muchos más casos de desaparición, prisión política y tortura que nunca se registraron en los informes Rettig y Valech. Miles de sobrevivientes no confiaron en esas comisiones, habiendo perdido la fe en que el Estado no volvería a perseguirlos.
Por ello, el caso de Bernarda Vera no puede ser utilizado con fines políticos. No relativiza la magnitud del crimen ni disipa el dolor de las miles de familias que siguen buscando a sus seres queridos.
Víctimas múltiples, memorias fragmentadas
Bernarda Vera es una víctima. Su hija, a quien nunca volvió a ver, también lo es. Y seguirá siendo víctima, independientemente de su orientación política hoy. La condición de víctima no depende de la ideología, sino de la violencia sufrida y de la fractura vital causada por el terrorismo de Estado.
No hay lugar para empates ni burlas. Lo único éticamente correcto es reconocer el daño, apoyar a las víctimas y proteger la memoria.
El silencio imperdonable del gobierno
Lo verdaderamente intolerable no es solo el uso del negacionismo por parte de la derecha, sino la omisión del propio gobierno.
El exministro de Justicia, Luis Cordero, y el actual ministro, Jaime Gajardo, conocieron el caso antes de su difusión pública y, sin embargo, eligieron guardar silencio. No se facilitó la toma de ADN, no se activó el papel de José Antonio Viera-Gallo como embajador en Argentina, ni se realizó ninguna acción diplomática o política para aclarar la situación con responsabilidad y humanidad.
Este silencio no es casual; es negligencia y una falta de valentía política que afecta profundamente la confianza de las familias y la credibilidad de la política de derechos humanos en Chile. Permanecer en silencio cuando se tiene la información es permitir el negacionismo y someter a las víctimas a una segunda forma de violencia: el abandono por parte del Estado democrático que debería protegerlas.
¿Temor? ¿Cálculo político? ¿Parálisis? Ninguna respuesta es aceptable. El gobierno no estuvo a la altura y, en términos de derechos humanos, la omisión es inexcusable.
Celebrar la vida, exigir la verdad
Como periodista y defensora de los derechos humanos, no puedo más que celebrar que Bernarda Vera esté viva. Celebro que la dictadura no haya podido despojarla de su existencia. Sin embargo, esa celebración no me impide señalar lo obvio: la verdad no puede construirse sobre el silencio y la indiferencia del poder.
El caso de Bernarda no minimiza el horror de los desaparecidos; lo intensifica. Su fuga, reflejando la fuga disociativa que describe la psicología, es el testimonio del trauma sufrido y, al mismo tiempo, de la resistencia de la vida. Una vida rota, sí, pero también una vida que sobrevive al terror.
En Chile, tras tanto horror, un gobierno que guarda silencio y una derecha que se burla y minimiza, además de hacer cálculos de cuentas falsas, se convierten en cómplices de un mismo crimen: la impunidad. Y frente a la memoria de más de mil desaparecidos, esa complicidad no es solo un error político: es una vergüenza histórica que jamás será absuelta.
Con Información de factos.cl
