Francisco Castañeda, economista y académico de la Universidad Central.
No cabe duda de que las economías necesitan mayores niveles de inversión pública. Esta inversión es esencial tanto para los bienes públicos como para estimular la actividad privada. Durante las discusiones sobre el presupuesto, se ha indicado que el gasto público proyectado muestra un sesgo anti-inversión, ya que se prevé una reducción de 2.500 millones de dólares en la partida destinada al gasto de capital para 2026. Esto implicaría un aumento proporcional de la participación del gasto corriente en el total del gasto público.
Este sesgo se asume bajo la premisa de que existe una jerarquía social clara en las inversiones y que estas son justificables en todo momento. Sin embargo, hay vasta literatura que indica que la sobreinversión pública puede tener efectos negativos en el crecimiento, como una menor productividad marginal, deterioro de las finanzas públicas, aumento de la presión sobre las tasas de interés y distorsiones en distintos sectores. Por ello, es crucial identificar qué partidas del gasto de capital se verán afectadas y si realmente existe tal jerarquización social. Asimismo, se debe prestar atención al crecimiento del gasto corriente, priorizando la transparencia y la eficiencia.
Por último, es importante reconocer que el Estado también enfrenta desafíos debido a la burocracia, como se ha evidenciado en la reconstrucción de Valparaíso. Por lo tanto, la discusión presupuestaria debería incluir un análisis de los procesos administrativos para identificar posibles cuellos de botella que afecten la ejecución del gasto público en áreas críticas.
Francisco Castañeda, economista y académico de la Universidad Central.
Con Información de www.lanacion.cl
