Análisis de los factores y circunstancias detrás de un accidente.

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Reflexiones críticas sobre El fin de un ciclo (Giorgio Jackson)

Diagnóstico y contexto

Para entender una derrota de tal magnitud, la más severa en un siglo, no basta con señalar culpables o errores en la gestión. Es esencial que la autocrítica sea un ejercicio colectivo dentro del progresismo que cuestione de manera profunda la forma en que se ha interpretado la realidad del país. Si este ciclo político ha llegado a su fin, lo primero que se debe revisar es la manera en que se ha estado observando la realidad social.
El ensayo de Giorgio Jackson, El fin de un ciclo, es un aporte valioso, ya que reconoce la gravedad de la situación actual. Su análisis intenta desentrañar una dolorosa paradoja: ¿cómo un proyecto que había generado esperanzas históricas terminó convirtiéndose en una serie de derrotas que van más allá de lo electoral? Dado que el análisis es serio, las respuestas deben ser igualmente rigurosas y evitar caer en explicaciones simplistas.
Sin embargo, la discusión que plantea el documento no debe desconectarse de lo ocurrido en períodos anteriores. Las fuerzas progresistas ya habían enfrentado derrotas significativas antes, en 2009 y 2017. En ambas ocasiones, la reacción no fue una revisión profunda, sino la búsqueda de soluciones para recomponer el campo político sin cuestionar las premisas subyacentes. La derrota de 2009 se interpretó como un desgaste natural, mientras que la de 2017 fue vista como un problema de liderazgo y dispersión, cuya solución se formuló en términos de ampliar alianzas. En ninguno de esos momentos se llevó a cabo una revisión sustantiva del marco desde el cual se leía la sociedad chilena.
Las derrotas no siempre se presentan como momentos que obliguen a repensar los diagnósticos, sino que pueden ser vistas como contingencias que se pueden corregir con ajustes tácticos o reordenamientos internos. El ciclo que se ha declarado finalizado no es el primero que corre el riesgo de cerrar sin una reflexión exhaustiva sobre sus condiciones de posibilidad.
Según el texto de Jackson, el fin del ciclo no se atribuye principalmente a errores en la gestión o en las ideas, aunque se reconozcan en el propio documento, sino a un cambio estructural en el electorado, causado por el restablecimiento del voto obligatorio. La incorporación masiva de nuevos votantes introdujo una subjetividad política diferente, alterando las reglas del juego y desbordando los marcos que el progresismo había utilizado hasta ahora.
Surge, entonces, una pregunta fundamental: ¿es el voto obligatorio la causa principal del fin de este ciclo, o es simplemente el factor que hizo visibles las tensiones que el progresismo no logró resolver a tiempo? Formular esta pregunta no implica descartar el impacto del cambio en las reglas electorales, sino situarlo en un contexto más amplio de decisiones y omisiones.

Causa o síntoma

El concepto de «nuevo elector» es central en El fin de un ciclo. El argumento sostiene que el regreso del voto obligatorio no solo aumentó el número de votantes, sino que transformó la naturaleza del electorado. La incorporación de ciudadanos que antes no participaban generó expectativas y formas de entender la política que se alejaban de las lógicas habituales del progresismo. Bajo este enfoque, los resultados electorales se deben, en esencia, a una transformación estructural del sujeto que vota.
Existe el riesgo de que interpretar el «voto obligatorio» como la causa fundamental de la derrota convierta un problema político en un evento demográfico. Al ver al nuevo elector como una de las razones principales del fracaso, el progresismo evita la tarea difícil de revisar si sus ideas y promesas siguen siendo relevantes para la ciudadanía. No es que “se cambiaron las reglas para que mutara a otro deporte”, como apunta Jackson; es que el equipo dejó de dirigirse a las personas que ocuparon el campo.
El nuevo elector puede analizarse de dos maneras: o como la causa del desenlace o como un síntoma de tensiones profundas. Si se lo percibe principalmente como causa, el análisis podría detenerse en el cambio de padrón; si se lo entiende como síntoma, se debe cuestionar el marco que guió al progresismo en su interpretación de la sociedad chilena.
Desde esta segunda perspectiva, el «nuevo elector» podría no ser un factor externo al proceso político reciente, sino una identidad formada o radicalizada dentro del propio ciclo. Expectativas exageradas y promesas que no se tradujeron en acciones concretas, junto con una distancia constante entre el discurso político y la experiencia cotidiana, habrían generado frustración, desconfianza y castigo que se manifestaron electoralmente.
El desafío para procesar el cierre de este periodo radica en que el diagnóstico original no se basó en ideas aisladas, sino en un marco analítico totalizador. Desde ahí se interpretaron los «30 años» como un pacto de élites, el estallido social como una impugnación estructural y la Convención Constitucional como su traducción institucional. El problema no radica tanto en la validez de estas lecturas, sino en que, al estar contenidas dentro del mismo esquema de pensamiento, operaron de manera circular: cada evento validaba el anterior, lo que impidió ajustar el análisis, incluso cuando la realidad comenzó a mostrar contradicciones.
El estallido social de 2019 es un antecedente clave en este análisis. Más que un hito aislado, expuso contradicciones que siguen definiendo al electorado: la demanda de protección estatal junto al deseo de consumo individual, y la exigencia de derechos acompañada de una desconfianza estructural hacia las instituciones. Este estallido no creó esas tensiones, pero sí las hizo visibles. En ese contexto, el perfil del «nuevo elector» ya estaba participando activamente, anticipando las características actuales del escenario electoral.
Al examinar esta secuencia, se observa que el «nuevo elector» no es una figura desconocida, sino una expresión radicalizada de comportamientos que ya existían en sectores con participación intermitente o vinculados a la protesta social. La desafección, el individualismo y la tendencia al voto de castigo no surgieron con el voto obligatorio; simplemente adquirieron peso político a partir de su implementación.
Por lo tanto, el voto obligatorio no explica por sí mismo el fin del ciclo. Más bien, es un dispositivo de revelación: al masificar la participación, expuso tensiones existentes que no habían sido procesadas políticamente. Esta distinción es crucial: en el primer caso, bastaría con ajustar estrategias; en el segundo, la tarea se vuelve más compleja.
Reconocer estas limitaciones no implica culpar a otros. Significa aceptar, de manera autocrítica, la participación en marcos que hoy resultan insuficientes: bien sea por adesiones a diagnósticos dominantes, o por evitar en su momento una discusión más profunda, para no quedar fuera del nuevo ciclo político.
La autocrítica necesaria reconoce que ese diagnóstico se ha extendido a todo el progresismo de la izquierda, por convicción o por omisión, organizando una lectura consensuada del pasado reciente. En muchos casos—con distintos grados de convicción y, a veces, con una cierta impostura—esto operó como una forma de sometimiento al nuevo ciclo: una aceptación tácita de sus premisas como condición para participar en él.

La fragilidad del dato frente a la narrativa del malestar

Hitos y paradojas

Sin embargo, analizar las tensiones de este periodo no implica ignorar sus avances. Sería un error, y una injusticia analítica, ver este periodo únicamente como una derrota. El mismo documento de Jackson identifica avances significativos que realmente han impactado la vida diaria de amplios sectores. Es vital rescatar estos hitos con precisión, no como consuelo o justificación del pasado, sino para construir un balance político equilibrado.
Estos avances incluyen la gratuidad en educación superior, la creación del Copago Cero en salud y el aumento del salario mínimo, así como la jornada laboral de 40 horas, la Ley de Responsabilidad Parental y el fortalecimiento de la institucionalidad de seguridad, junto a la reforma del pilar solidario. Se trata de políticas públicas concretas que han cambiado material y simbólicamente las condiciones de vida y ampliado derechos.
Aunque se han logrado transformaciones concretas, el desafío político actual radica en que estos logros fueron insuficientes para abordar una crisis de representación y el sentido del proyecto. Un balance político no puede limitarse a una lista de medidas; la ciudadanía no solo evalúa la gestión, sino que demanda coherencia y un horizonte claro para proyectar el futuro del país.
Aquí surge una paradoja que Jackson apenas menciona: a pesar de los avances, el progresismo no logró convertirlos en un relato político que integrara las expectativas y frustraciones de la ciudadanía. Las políticas públicas se implementaron, pero no se inscribieron de manera consistente en la experiencia vivida de aquellos a quienes buscaban representar. Esta dificultad se refleja en la frase de Shakespeare: “No seremos los primeros que, con la mejor de las intenciones, hemos logrado lo peor.” Cuando el relato no nombra lo que la experiencia muestra, los logros, aunque existan, quedan políticamente mudos.

Autopercepción y experiencias

Una de las causas principales de este problema es la constante confusión entre la elaboración ideológica y la realidad de los procesos sociales. La prioridad dada al lenguaje simbólico y a la precisión conceptual no fue acompañada por una observación real de cómo las personas percibían o rechazaban esos marcos. Esta falla no fue simplemente comunicacional ni se explica por una falta de pedagogía política, sino por una brecha profunda entre la autopercepción del progresismo y la experiencia cotidiana de la ciudadanía, ejemplificada en una crisis de seguridad que no se mitigó con estadísticas.
En tiempos de incertidumbre, las estadísticas por sí solas no convencen. La experiencia reciente demuestra que narrativas alternativas, como el concepto de “gobierno de emergencia”—caracterizado por ser simple y reactivo—pueden dominar el debate y opacar los logros reales, ya que dan sentido a la vivencia colectiva que los datos técnicos no logran abarcar.
La dificultad para revisar el diagnóstico no es solo política. Es también identitaria. Ese diagnóstico no solo representa una lectura de la realidad, sino que sustenta simbólicamente a una generación y fuerzas políticas, diferenciándose del pasado y tratando de sostener un ciclo político propio. A su alrededor, se organiza una pertenencia, un lenguaje común y una promesa de sentido. Cuestionarlo no significa simplemente corregir una hipótesis; implica desafiar el fundamento mismo desde el cual se habla y se gobierna. De ahí que la autocrítica se torne especialmente difícil: no solo por falta de contrastes, sino porque examinar el diagnóstico puede amenazar la identidad que este mismo constructo permite.

Unidad y futuro

A estos desafíos se suma la falta de un sujeto político claro que se identifique con las transformaciones. La incapacidad para construir una identidad colectiva—un nosotros comprensible, a pesar de los conflictos—no fue simplemente un fallo discursivo, sino el resultado de cómo se establecieron las prioridades durante este periodo. La multiplicidad de demandas y causas, aunque válidas, llevó a fragmentar el proyecto común y debilitó la idea de un cambio compartido. Sin una base social que se sienta protagonista de las reformas, incluso los logros más significativos quedan aislados y carecen de un sustento político estable.
La ausencia de un sujeto resalta la importancia de la unidad, pero no cualquier unidad. Se necesita una que pueda recomponer un horizonte común y ofrecer una síntesis política donde el proyecto se ha dispersado. Durante décadas, la centroizquierda chilena logró articular mayorías estables a partir de coaliciones amplias que, a pesar de su diversidad, se sostenían en anclajes sociales y un diagnóstico relativamente compartido sobre el país a gobernar. En esos casos, la unidad funcionaba como una síntesis política, articulando partidos y expresando una forma común de percibir la sociedad.
Las alianzas más recientes, como la Nueva Mayoría y la actual coalition de gobierno, han sido las más amplias en términos de espectro político. Paradójicamente, también han coincidido con los peores resultados electorales para la izquierda en casi un siglo. En estos escenarios, la unidad se ha configurado más como una agregación de identidades políticas diversas que como una expresión de un diagnóstico compartido, capaz de articular la experiencia de los sectores que se buscaba representar.
Por ello, la unidad del progresismo no puede limitarse a un consuelo táctico ni a un mero ejercicio electoral. Es, sin duda, una condición necesaria para construir mayorías, pero resulta insuficiente si no se acompaña de una revisión del diagnóstico que la respalda. Cuando la explicación del fin del ciclo se reduce a factores externos—como el nuevo elector o el contexto—la unidad se presenta como una estrategia sin aprendizaje. La derrota se gestiona, pero no se elabora. Mientras no se cuestione ese diagnóstico, la unidad será necesaria, aunque no suficiente, y los ciclos pueden repetirse con nuevos eslóganes.
En última instancia, el desafío que queda trasciende lo electoral. Analizar esta desconexión—lo que implica revisar el diagnóstico de fondo y no solo las estrategias de campaña—es la tarea central que se necesita abordar en un debate extensivo, complejo y necesario.