El multimillonario Elon Musk, influyente en el gobierno de Donald Trump, ha señalado que la USAID, la agencia estadounidense para el desarrollo internacional, es un refugio de corrupción, cuya función ha sido malgastar recursos de los contribuyentes estadounidenses, otorgando fondos a diversas organizaciones con el fin de subvertir el orden público en distintas naciones. Se dice que esta agencia es la mayor donante mundial, y para frenar sus irregularidades, el nuevo gobierno de Estados Unidos nombró al firme secretario de Estado, Marco Rubio, al mando.
La USAID fue fundada en 1961 con la intención de brindar ayuda humanitaria durante el gobierno del presidente John F. Kennedy. Sin embargo, con el tiempo, se ha convertido en un brazo de la CIA, llevando a cabo operaciones encubiertas, infiltrando partidos políticos y malgastando miles de millones de dólares en su labor internacional. Entre otras acciones, financió al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y orchestró la revuelta política de 2014 en Ucrania, que resultó en la caída violenta del presidente Yanukóvich y el ascenso de Zelenski, así como numerosas intervenciones en todo el mundo, incluyendo Chile. Más de 100 medios de comunicación y más de 600 periodistas han recibido generosos fondos de esta agencia estadounidense.
En medios que no son simples voceros de los grupos económicos que los orientan, como este, hemos informado sobre el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que anuló un par de permisos de construcción, que implicaban una inversión de 100 millones de dólares, en Viña del Mar, del empresario Juan Armando Vicuña, ex presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), conocida por ser uno de los lobistas más efectivos del país.
Con un enfoque mesurado, considerando que el mencionado proyecto se ubica en una zona de riesgo, enviamos nuestra opinión sobre este fallo a todos los medios que se autodenominan como serios, pero ninguno de ellos tuvo el valor de publicar nuestro análisis, que proponía que los inversionistas deben adherirse a los marcos regulatorios existentes para garantizar la competencia justa dentro de un Estado de Derecho. Esto demuestra que gran parte de la prensa, predominantemente de derecha, prioriza los intereses de sus anunciantes y dueños, privando así a sus lectores de conocer la realidad de los hechos.
De los muchos casos similares que conocemos, y dada la actualidad del tema junto con nuevos antecedentes, volvemos a enfocarnos en el intento de engaño por parte de la municipalidad de Iquique, que ignoró las áreas de riesgo estipuladas en el Plan Regulador Intercomunal Costero Tarapacá (PRICT) de julio de 2022. Según lo dictado por el artículo 38° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), estas debían ser automáticamente incluidas en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Iquique de 1981, lo cual no ocurrió, permitiendo la tramitación de permisos para proyectos inmobiliarios en zonas prohibidas para el desarrollo urbano, como se detalla en el capítulo 3.6 de dicho instrumento normativo de mayor jerarquía.
Con esta táctica, el director de obras municipales (DOM) concedió numerosos permisos de construcción ilegales, por un total aproximado de 750 millones de dólares, auténticos beneficios diseñados a la medida de sus beneficiarios, los cuales, conforme al dictamen N° E310/2025 del 02/01/2025 emitido por el Subcontralor General de la República, debieron ser anulados por el funcionario municipal que los otorgó.
Dado que en nuestro país es complicado garantizar el cumplimiento de las leyes, junto al abogado Enzo Morales, y considerando que el nuevo PRC fue promulgado el 03/02/2025, solicitamos audiencias con el alcalde de Iquique, Mauricio Soria; el DOM de Iquique, Sergio García; el Seremi Minvu, Diego Rebolledo; y la Contralora Regional de Tarapacá, Paula Vera. Como era de esperar, únicamente la señora Vera confirmó una reunión con nosotros para el viernes 14 de febrero.
Para el alcalde, el DOM y el Seremi, además de abordar la nulidad de los permisos ilegales, también deseábamos aclarar que el uso de suelo del terreno del Club de Tenis Tarapacá, ubicado en calle Bulnes 140, que fue vendido a un tercero bajo una operación especulativa, debe considerarse como equipamiento deportivo, conforme lo indica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), una situación que no fue adecuadamente reflejada en el viejo y deficientemente elaborado PRC de Iquique de 1981. Esta confusión permitió que la directiva del club llevara a cabo la transacción.
La opinión pública de Tarapacá está al tanto de que todos los involucrados en esta transacción están formalizados, y suponemos que tanto Soria, Rebolledo como García están evaluando los costos políticos que implicaría recibirnos en sus oficinas. Por esta razón, aún no hemos recibido respuesta a nuestra solicitud de audiencia.
Adicionalmente, para mantener informados a los funcionarios, ofrecimos al gobernador regional de Tarapacá, José Carvajal; a la delegada presidencial de Tarapacá, Ivonne Donoso; y a la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Tarapacá, Roxana Galleguillo, explicarles la errónea actuación de la municipalidad de Iquique y sus consecuencias negativas para la región. Al parecer, estos tres funcionarios no desean involucrarse en este asunto, puesto que ninguno mostró interés en dialogar con nosotros. Si no es posible concertar reuniones con las autoridades mencionadas, no es relevante, ya que la única reunión que tendrá impacto será la que realizaremos con la Contralora Regional de Tarapacá el próximo 14.
Finalmente, suscitando la cuestionable conducta de la USAID, sería pertinente conocer oficialmente las ONG y medios de comunicación en Chile que han recibido financiamiento de esta sospechosa y corrupta agencia estadounidense.
Con Información de www.elperiodista.cl