La presidenta de Perú, Dina Boluarte, defendió este miércoles la ley de amnistía que beneficia a policías, militares y grupos de autodefensa implicados en violaciones de Derechos Humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000). Boluarte prometió no abandonar a quienes considera «defensores de la democracia» y advirtió que evaluará la permanencia del país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
Desde el Palacio de Gobierno, la presidenta explicó que el objetivo de la Ley de Amnistía, promulgada en agosto, es rendir homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas que «ofrendaron sus vidas» en el conflicto y que enfrentaron «procesos judiciales y acusaciones injustas durante años», según lo reportado por la cadena RPP. «No dejaremos solos a nuestros defensores de la democracia, la gratitud hacia ellos no tiene fecha de vencimiento», afirmó.
Boluarte criticó la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que instruyó a los jueces peruanos a no aplicar la norma por considerarla inconstitucional. Ante esto, la presidenta declaró que Perú «evaluará su permanencia» en el SIDH.
«¿Dónde está la reparación civil para nuestro querido Perú? Pregunto a la Corte: ¿dónde está nuestra reparación? Durante 20 años de terror, ¿dónde está la compensación para los 70,000 peruanos que perdieron la vida a causa de estas organizaciones armadas?», cuestionó.
De esta manera, Boluarte argumentó que «todos los pueblos tienen derecho a su libertad, independencia y autodeterminación, así como a construir su propia historia». También aseguró que «no permitiremos injerencias de ningún organismo internacional».
El Congreso aprobó esta ley a principios de julio, y, como resultado, la Corte IDH le ordenó a Perú que se abstuviera de implementarla hasta que se evaluara su compatibilidad con decisiones previas relacionadas con la investigación de abusos durante el conflicto armado.
Según la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, entre 1980 y 2000, aproximadamente 70,000 personas perdieron la vida y más de 20,000 desaparecieron. Hasta la fecha, los tribunales peruanos han dictado sentencias en alrededor de 150 casos, mientras que más de 600 siguen en espera de resolución.
Con Información de www.elperiodista.cl
