Cuando el Ministerio Público confunde “perseguir delitos” con “perseguir periodistas”, la democracia comienza a tambalear.
Por Claudia Molina B.
Crónica Política
En 1984, George Orwell trazó un panorama de un Estado omnipresente y controlador. Setenta años después, Chile parece haber interiorizado esta idea de manera inquietante.
La fiscal Paulina Díaz Obilinovic, jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, solicitó autorización judicial para acceder a los datos telefónicos, geolocalizaciones y registros de once periodistas que indagaban en el caso Hermosilla. Su intención era descubrir quién había filtrado información sobre el abogado de los poderosos.
En esencia, la justicia chilena intentó asumir el papel de “Gran Hermano” de Orwell. Hizo tres solicitudes. Tres veces fueron denegadas. Sin embargo, queda la inquietante pregunta: ¿cómo llegamos a un punto en el que los encargados de la ley buscan vigilar a quienes la defienden a través de su labor?
El ojo que todo lo ve (y no debería)
La fiscal Díaz Obilinovic no fue sutil. Solicitó acceso a cada número entrante y saliente, a cada celda GPS, a cada megabyte utilizado por periodistas de Ciper, La Tercera, The Clinic, La Bot y Reportea. Incluso los datos de los fiscales que habían tenido acceso a los chats de Luis Hermosilla estaban en su lista.
Lo que en la práctica se traducía en una solicitud de vigilancia masiva. Aunque el tribunal rechazó la autorización por violar la Ley de Prensa, la mera intención enciende todas las alarmas: el secreto profesional de los periodistas no es solo un privilegio, es un pilar fundamental de la democracia.
Parece, no obstante, que esta línea se vuelve difusa cuando quienes detentan el poder se sienten amenazados.
Del caso Hermosilla a la muñeca bielorrusa: un espejo roto del poder
Mientras la Fiscalía flirteaba con el espionaje, la corrupción continuaba su curso. El abogado Mario Vargas —parte del círculo de Hermosilla y cercano a la exministra Ángela Vivanco— fue detenido en el caso Muñeca Bielorrusa, que investiga coimas y favores judiciales.
Horas antes de su arresto, protagonizó una escena insólita: llegó tarde a una audiencia, se retractó de su propia solicitud y anunció que “no podía continuar con la gestión”. Un abogado nervioso, un tribunal desconcertado y un país acostumbrado a lo absurdo.
El mismo Vargas había solicitado, un año antes, la destrucción de la información del celular de Hermosilla. El círculo se cierra: quienes abogaban por eliminar pruebas ahora son los protagonistas de las redadas.
El Ministerio Público pretende ser el Ministerio de la Verdad
En el mundo de Orwell, el Ministerio de la Verdad reescribía la historia. En el contexto de la Fiscalía Occidente, intentaron modificar las reglas del periodismo. Su argumento: resguardar la confidencialidad de la causa. Su consecuencia: vulnerar la confidencialidad de las fuentes periodísticas.
Aunque los tribunales intervinieron, el daño simbólico ya era significativo. Porque si la prensa se convierte en el blanco de las fiscalías, ¿quién queda para vigilar al poder? En una democracia, el enfoque de la vigilancia debería ser hacia arriba. Pero aquí, el ojo del “Gran Hermano” se volvió hacia los periodistas.
Epílogo: los ecos de Orwell en clave chilena
Orwell escribió 1984 como advertencia, no como guía. Sin embargo, parece que alguien en la Fiscalía lo interpretó al revés.
Intentaron seguir la pista a los reporteros, rastrear sus movimientos y conocer sus comunicaciones. No para descubrir un delito, sino con el objetivo de silenciar la verdad.
La solicitud fue rechazada, pero la tentación de controlar la información persiste, como una sombra que se niega a desaparecer. Mientras abogados se enfrentan entre acusaciones y las instituciones se tambalearán, el periodismo —esa incómoda pieza de la democracia— seguirá siendo el último espejo donde el poder se refleje sin filtros.
Y sí, a veces el reflejo es tan grotesco que prefieren romper el espejo antes que confrontar la realidad.
Categoría: Crónica política / Libertad de prensa / Chile
Con Información de factos.cl
