Los ataques aéreos llevados a cabo por Estados Unidos en América Latina y el Caribe, que han causado la muerte de al menos 57 personas desde inicios de septiembre, son ilegales, y el Congreso debe tomar medidas de inmediato para evitar que el gobierno estadounidense realice nuevos bombardeos, según ha declarado hoy Amnistía Internacional.
«En los últimos dos meses, el Comando Sur de Estados Unidos ha estado involucrado en una serie de asesinatos al cumplir las órdenes ilegales del gobierno de Trump», comentó Daphne Eviatar, directora de Derechos Humanos y Seguridad de Amnistía Internacional en EE. UU. «El gobierno ni siquiera ha identificado a las víctimas ni ha presentado pruebas de sus supuestos delitos. Sin embargo, incluso si lo hiciera, el homicidio intencionado de personas acusadas de delitos que no representan una amenaza inminente para la vida es asesinato, sin lugar a dudas».
La ejecutiva subrayó que «ya era hora de que el Congreso ejerciera su autoridad para supervisar la conducta ilegal del gobierno, poner fin a estos ataques aéreos ilícitos y exigir responsabilidades a quienes han llevado a cabo estos asesinatos».
Sin pruebas ni justificación legal
Hasta ahora, las autoridades estadounidenses han reportado 13 ataques aéreos en América Latina: ocho en el Caribe y cinco en el Pacífico. El gobierno de Trump ha intentado justificar sus acciones afirmando —sin presentar evidencia— que los objetivos eran «narcoterroristas» dedicados al tráfico de drogas.
La interceptación de embarcaciones sospechosas de trasladar drogas es una acción de cumplimiento de la ley, sujeta al derecho internacional de derechos humanos, que establece que todas las personas tienen derecho a la vida y a un juicio justo. Solo se permite a los Estados utilizar fuerza letal en caso de que exista una amenaza inminente para la vida, siempre que no se sean suficientes medios menos extremos, como la captura.
Un Estado que mate deliberadamente a alguien fuera de estas circunstancias comete un homicidio extrajudicial, una forma de asesinato, independientemente del presunto delito cometido, según Amnistía.
Además, las autoridades no han demostrado que no podían haber interceptado y abordado estas embarcaciones, como lo hace habitualmente la Guardia Costera de EE. UU. De hecho, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó que Estados Unidos podría haber interceptado la primera embarcación que atacaron, pero optaron por bombardearla en su lugar.
«Los ataques efectuados por el Comando Sur de EE. UU. son acciones ilegales de un gobierno que opera al margen de la ley», afirmó Daphne Eviatar. «Si el gobierno de Trump desea abordar el problema de la drogadicción, debería financiar adecuadamente programas de salud pública para su tratamiento y prevención en EE. UU., en lugar de bombardear ilegalmente embarcaciones en América Latina y el Caribe. Independientemente de los crímenes cometidos por los cárteles de la droga, ejecutar a alguien acusado de formar parte de uno de esos cárteles y de transportar drogas constituye un delito tanto bajo derecho internacional como nacional. No pueden hacerlo en las calles de EE. UU., y tampoco en aguas internacionales».
Con Información de desenfoque.cl
