En la última década, al menos 2,016 defensores y defensoras ambientales han sido asesinados en todo el mundo mientras luchaban por proteger sus territorios y ecosistemas, según el informe más reciente de Global Witness. En 2023, 196 personas fueron asesinadas, casi la mitad de ellas indígenas o afrodescendientes. América Latina es la región más peligrosa para quienes defienden el medio ambiente, concentrando el 85% de estos crímenes, en un contexto de creciente expansión de actividades extractivas, muchas veces ilegales y sin un marco regulatorio adecuado.
En este alarmante contexto, se llevó a cabo la tercera edición del Foro sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en Basseterre, Saint Kitts y Nevis, la semana pasada. El evento reunió a representantes gubernamentales, líderes comunitarios y organizaciones sociales con el propósito de avanzar en la ejecución del Plan de Acción para Personas Defensoras y fomentar la elaboración de una guía que integre la perspectiva de género en el contexto del Acuerdo de Escazú.
“Es fundamental brindar apoyo psicológico y asesoría legal a las familias y sobrevivientes de los defensores asesinados. Muchas mujeres quedan viudas con hijos e hijas menores a su cargo, sin ninguna protección ante posibles represalias”, afirmó Dina Juc, autoridad indígena de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) y miembro de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (ALADTI) durante su participación en el foro.
Por otro lado, Jamner Manihuari, vicecoordinador de la COICA, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica y también miembro de ALADTI, denunció la falta de respuestas por parte de los Estados.
“Los pueblos debemos organizarnos porque hay una ausencia del Estado en la aplicación de normativas de protección. Un líder indígena no recibe la misma protección que un funcionario público o un artista. Cuando un indígena es atacado, parece que no tiene mayor importancia”, sostuvo.
El informe de Global Witness 2023-2024 resalta la crítica situación en Colombia, que lidera la lista con 79 asesinatos, la cifra más elevada en un solo país desde que se comenzó a monitorear este fenómeno. Le siguen Brasil (25), México y Honduras (18 cada uno), y Filipinas (17). De los 18 países donde se han registrado estos crímenes, 11 pertenecen a América Latina.
En Perú, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) reporta 35 defensores asesinados en la última década. En Chile, aunque los asesinatos son menos frecuentes (solo 3 desde 2012), el Instituto Nacional de Derechos Humanos advierte sobre 238 conflictos socioambientales activos, muchos de ellos vinculados a la minería y la energía.
En este sentido, Óscar Daza, representante de la organización indígena OPIAC de Colombia y parte de ALADTI, sugirió avanzar hacia una representación directa en los espacios de decisión del Acuerdo de Escazú.
“Los pueblos indígenas proponemos que, en las futuras elecciones de representantes públicos, se garantice un lugar para un representante indígena. Esto permitiría implementar medidas afirmativas para abordar desigualdades históricas y sistémicas, asegurar que las prácticas sean culturalmente adecuadas y dar voz a quienes han sido criminalizados, hostigados y perseguidos por su trabajo en defensa de los derechos humanos y ambientales”, enfatizó.
En representación de la sociedad civil peruana y como parte de la Red Regional Escazú Ahora, la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) participó, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía.
El Acuerdo de Escazú y los defensores ambientales
Firmado en 2018 y en vigor desde 2021, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional que obliga a los Estados a proteger a los defensores ambientales. Su artículo 9 exige garantizar entornos seguros, investigar agresiones y adoptar medidas con enfoque interseccional, priorizando a mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.
El texto establece que los países deben “reconocer, proteger y promover todos los derechos” de los defensores, incluyendo su integridad física y libertad de expresión. Además, exige prevenir y sancionar ataques, así como fomentar su participación en decisiones ambientales. A pesar de su potencial, solo 17 países han ratificado el acuerdo. Brasil, Guatemala, Costa Rica y Perú, entre otros países con alta conflictividad, aún no se han unido a su ratificación, lo que limita su efectividad.
“Mientras los proyectos extractivos continúan avanzando, la plena implementación del Acuerdo de Escazú y la voluntad política son claves para transformar la realidad de quienes defienden la vida en la primera línea. Protegerlos no es solo un derecho, sino una deuda de justicia con la Tierra”, concluyó Gianella Guillén, especialista de DAR.
Próximos pasos
La ALADTI reafirmó su compromiso de seguir promoviendo la participación de los pueblos indígenas en espacios cruciales, como en la elaboración del diagnóstico regional sobre la situación de los defensores. Asimismo, en el marco de la integración de género, participará activamente en la consulta pública sobre el índice de la guía de género.
Un hito importante en este proceso será la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se llevará a cabo en agosto en Ciudad de México. La Cancillería Mexicana ha expresado su compromiso de fomentar una política estatal a favor de las mujeres indígenas. En este contexto, la conferencia representa una oportunidad clave para avanzar en la inclusión del enfoque de género en la implementación del Acuerdo de Escazú.
Con Información de www.lanacion.cl