Hasta ahora, dos acuerdos del Concejo Municipal solicitando una nueva tasación del terreno en la quiebra de Curauma no han sido atendidos. A pesar de las presentaciones realizadas por el concejal Miguel Vergara González tanto a la Contraloría General de la República como al Consejo de Defensa del Estado, la alcaldesa Camila Nieto sigue sin defender adecuadamente los derechos del municipio en esta situación. Ayer, no se había recibido copia del supuesto “informe jurídico” que según la jefa de prensa de la alcaldesa “parece que existe”.
La quiebra de Curauma S.A., uno de los proyectos de planificación urbana más innovadores del país, lleva 15 años estancada en una compleja disputa legal provocada por especuladores financieros e inmobiliarios que, mediante artimañas jurídicas, habrían usurpado estos terrenos, llevando a la empresa a la quiebra. Valparaíso es acreedor de aproximadamente 2 mil millones de pesos en patentes e impuestos relacionados. Además, podría beneficiarse de otros activos, como terrenos y accesos turísticos, si el Fisco de Chile, principal acreedor con el 70% de la deuda, se uniera, junto con la Gobernación Provincial, a una acción ProDesarrollo regional. Esto permitiría obtener terrenos para viviendas, el hospital de Valparaíso y más de doscientas hectáreas de reserva ambiental, sin afectar las áreas turísticas, incluidos Tranque La Luz y Tranque las Cenizas.
A pesar de que el Síndico ha intentado rematar 523 hectáreas del terreno en más de 23 ocasiones, no ha tenido éxito, ya que los antecedentes legales complican la situación. Cabe destacar que el precio de base propuesto es significativamente inferior al valor real, lo que perjudica al municipio, que recibiría menos del 10% de lo que le corresponde.
Lo que sería aún más grave que este valor reducido es la posibilidad de que un comprador con intenciones oscuras —con suficientes recursos para blanquear dinero— adquiera el terreno, que presenta problemas legales que podría resolver en el futuro, posiblemente provenientes de actividades ilícitas. Tanto por su precio como por su relevancia en la infraestructura crítica de la región, como el puerto de Valparaíso y el corredor bioceánico, esto representa un riesgo significativo.
La situación ha evolucionado hacia una crisis política, ya que el concejal Vergara ha anunciado su intención de llevar el caso a la justicia electoral contra la alcaldesa por “notable abandono de deberes”, según lo estipulado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y la Ley Orgánica de Bases de la Administración del Estado.
En el municipio circulan rumores de que la alcaldesa podría estar siendo obstaculizada por abogados de empresas inmobiliarias que presionan para evitar que se solicite una nueva tasación de los terrenos. Esto es congruente con la aparente indiferencia de las autoridades políticas y la omisión, o incluso posible prevaricación, de varios organismos estatales, incluidos la Tesorería General de la República, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, y la Comisión para los Mercados Financieros, bajo el Ministerio de Hacienda. Se suma a esto la manipulación de los algoritmos de distribución de causas en el Poder Judicial y la prevaricación reconocida por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, acciones que ya enfrentan querellas en los tribunales.
Durante las últimas tres semanas, Desenfoque.cl ha esperado, sin éxito, una declaración de la alcaldesa Camila Nieto sobre estos hechos o la copia del mencionado “informe jurídico”.
Con Información de desenfoque.cl
