El 16 de mayo del presente año, diversos medios informaron que la Municipalidad de Las Condes realizó un pago de US$ 10 millones a la Inmobiliaria Nueva El Golf SpA, poniendo fin a una prolongada disputa judicial que data de 2016.
La actual alcaldesa, Catalina San Martín, confirmó la transferencia y señaló directamente a su predecesor, Joaquín Lavín (UDI), como el responsable de la condena que afecta las finanzas de la municipalidad.
Ella expresó que «esto representa un daño considerable al patrimonio de los vecinos de Las Condes. Tendrá un impacto severo en las finanzas de la comuna y podría afectar la ejecución de proyectos importantes, como la construcción del nuevo Cesfam». Este pago se efectuó tras la orden del Cuarto Juzgado Civil de Santiago. Cabe recordar que la Fiscalía ya está investigando a la exalcaldesa Peñaloza por autorizar un pago excesivo por la adquisición de un inmueble relacionado con el Cesfam.
En resumen, los reportes mediáticos sostienen que «el conflicto se origina en 2016, cuando, bajo la administración de Lavín, se detuvieron las obras del proyecto “Vespucio 345” en el sector de El Golf, a pesar de contar con los permisos necesarios. El municipio argumentó en ese momento que había discrepancias en las medidas del terreno reportadas por la inmobiliaria, afectando el cálculo de la constructibilidad».
Sin embargo, esta afirmación es incorrecta, ya que no hay tales discrepancias en el metraje del terreno, lo que se podría creer dado que la prensa suele reproducir las declaraciones oficiales. Este caso es un claro ejemplo de la corrupción en nuestro país, particularmente en Las Condes. La Inmobiliaria Nueva El Golf SpA adquirió varias propiedades de la Universidad Mayor en terrenos que colindan con la Av. Américo Vespucio Sur, con el objetivo de demolerlas y construir torres habitacionales y estacionamientos.
Una vez que se registró la fusión de terrenos en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, la inmobiliaria presentó una solicitud de permiso de edificación a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes, alegando que el terreno tenía una superficie de 7.505,21 m2, superior al mínimo requerido para acceder a ciertos beneficios urbanísticos. El permiso fue otorgado para construir dos torres habitacionales.
No obstante, el terreno no contaba con las dimensiones alegadas por la empresa, aceptadas sin la debida diligencia por la DOM. Un levantamiento topográfico realizado por el IDIEM concluyó que la superficie era de solo 7.371,54 m2.
A raíz de esto, la Seremi del Minvu ordenó invalidar el permiso, pero la funcionaria de la DOM desatendió esta instrucción. El entonces alcalde Lavín, sin atribuciones para actuar, firmó la invalidación, lo que condujo a la paralización del proyecto y a que la inmobiliaria demandara por una excesiva indemnización por «falta de servicio». La defensa legal municipal no fue adecuada y los exalcaldes Lavín y Peñaloza mostraron poco interés por proteger los intereses de la municipalidad.
Ante esta situación, junto a la exconcejal Isidora Alcalde y el abogado Gabriel Muñoz, solicitamos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que se involucrara en el juicio para salvaguardar el interés público. Sin embargo, nos indicaron que dicha solicitud debía ser presentada por la alcaldesa de Las Condes. Por ello, pedimos a la nueva alcaldesa, Catalina San Martín, que recurriera al CDE lo antes posible para evitar la desmedida indemnización.
Si la DOM hubiera seguido las instrucciones de la Seremi del Minvu, el desenlace podría haber sido diferente, ya que el error voluntario de Lavín dio lugar a una penalización económica.
Por razones que no se comprenden, la alcaldesa San Martín rechazó nuestra propuesta y no acudió al CDE, lo que resultó en el impacto económico ya conocido. De este modo, resulta irónico que la inmobiliaria obtenga beneficios dobles: por construir más de lo permitido y por la indemnización que ya ha sido pagada por la actual alcaldesa.
En conclusión, ¿por qué Lavín, Peñaloza y San Martín no intervinieron en este caso desfavorable para el interés público? Esta es una pregunta que permanecerá sin respuesta en los círculos del poder, pues los US$ 10 millones son una considerable tentación.
Con Información de www.elperiodista.cl