El 22 de junio de 2023, la abogada Leonarda Villalobos mantuvo una reunión secreta con Luis Hermosilla y Daniel Sauer en Alonso de Córdova, donde se grabó un audio que conmocionó al país. Desde ese momento, el escándalo conocido como el Caso Audio ha puesto en el centro de la polémica a altos funcionarios, ministros de la Corte, políticos y empresarios, especialmente después de la revelación de los chats de WhatsApp de Hermosilla.
No obstante, Luis Hermosilla demoró un año y dos meses en emprender acciones legales contra Villalobos debido a la grabación. En contraste, Daniel Sauer actuó más rápido: en diciembre de 2023 ya había presentado una demanda contra su antigua abogada por la difusión del audio.
Fue el 4 de febrero que la defensa de Hermosilla, dirigida por su hermano Juan Pablo Hermosilla, presentó una querella contra Leonarda Villalobos. En el documento, se le acusa a la abogada de grabar conversaciones privadas, de violar el secreto profesional y de prevaricación.
La querella sostiene que el día de la grabación, “Leonarda Villalobos manipuló intencionadamente a mi representado, aprovechando su posición para obtener información de manera ilegal, contaminando todas las investigaciones que se derivan de esa grabación”.
Según la defensa, “Villalobos habría utilizado el secreto profesional para garantizar la confianza de Luis Hermosilla, traicionando los principios legales y éticos de la profesión, ya que manipuló la situación en su propio beneficio, perjudicando a su colega y a su cliente [Daniel Sauer]”.
A través de esta denuncia, Hermosilla se queja de haber sido “vulnerado en su derecho legal y constitucional a la presunción de inocencia, siendo condenado anticipadamente en diversas jurisdicciones y en la opinión pública”.
Una puesta en escena
En la querella, la familia Hermosilla describe el día de la grabación como un acto orquestado por Leonarda Villalobos.
Según los demandantes, Villalobos habría convocado a Luis Hermosilla bajo la apariencia de necesitar ayuda con deudas y obligaciones de un cliente complejo: Daniel Sauer Alderstein.
“La reunión puede ser vista como un plan cuidadosamente elaborado por Leonarda Villalobos, diseñado para obtener información comprometedora bajo el pretexto de un encuentro profesional y confidencial. Esto es especialmente relevante dado que se trataba de una reunión entre abogados y clientes, donde se espera no solo una relación profesional, sino también un deber de confianza y obligaciones legales y éticas”, señala la querella.
Desde la perspectiva de los Hermosilla, el ambiente de confianza y la puesta en escena son cruciales para su acusación.
“Las circunstancias fueron aprovechadas estratégicamente por la querellada para crear un entorno en el que Luis Hermosilla se sintiera libre de hablar, usando expresiones exageradas y bravatas para ‘ayudar’ a Villalobos y conseguir el financiamiento que buscaba, sin sospechar que sus palabras serían grabadas y difundidas a todo el país”, argumenta el documento.
Un árbol envenenado
La querella también plantea dudas sobre la legalidad del audio como prueba para la acusación e investigación contra Luis Hermosilla.
El texto argumenta que “más allá de ser una grabación ilícita, [el audio] constituye el fundamento de la doctrina del ‘árbol envenenado’, donde la prueba ilícita original vicia toda la evidencia y los procedimientos que han surgido a raíz de esta grabación”.
Asimismo, señala que el origen “ilícito” del audio ha contaminado todas las investigaciones que se derivan de la grabación. La elección del momento, el lugar y los métodos utilizados para registrar y difundir las conversaciones evidencian una intención clara de transgredir los derechos fundamentales de Luis Hermosilla Osorio, así como el incumplimiento de los estándares éticos y legales de nuestro ordenamiento jurídico”.
Hermosilla contra Fiscalía, otra vez
Como parte de la estrategia defensiva liderada por Juan Pablo Hermosilla, la querella también señala al Ministerio Público y las filtraciones relacionadas con el Caso Audio.
El documento indica que la grabación de Villalobos no fue enviada como una denuncia a Fiscalía, sino que “fue dirigida específicamente al fiscal adjunto Felipe Sepúlveda Araya, una circunstancia que llama la atención, dado el cuestionamiento reciente hacia los fiscales y el Ministerio Público por las múltiples filtraciones de carpetas investigativas”.
En ese contexto, los denunciantes piden que se convoque a declarar como testigos a los fiscales Felipe Sepúlveda y Lorena Parra, además de Rodrigo Topelberg -socio de los Sauer-, su esposa Yael Speisky Rozenbaum y a Daniel Sauer. También solicitan la declaración del periodista Nicolás Sepúlveda, quien destapó el caso.
Otra medida solicitada es “requerir a María Villalobos Mutter la entrega de sus teléfonos móviles, para que se les realice una pericia que permita determinar la trazabilidad del audio grabado de manera clandestina e ilegítimamente”.
Con Información de www.fastcheck.cl