En menos de dos semanas, el concejal Jorge Alfaro Acevedo obtuvo del Estado una vivienda prefabricada tras un incendio que destruyó su hogar. Esta situación ha suscitado críticas por parte de vecinos y líderes locales, y ya está siendo investigada por el Ministerio Público.
En un corto periodo de apenas dos semanas, la Delegación Presidencial de Talagante organizó la entrega gratuita de una casa prefabricada de 60 metros cuadrados, completamente equipada y con un valor superior a $7 millones.
La adquisición fue realizada por el Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres (Senapred), mediante la orden de compra Nº 1078078-1397 fechada el 28 de julio de 2025, por un total de $7.357.852.
Dato clave: La asistencia que generalmente se proporciona a los damnificados en la comuna es significativamente menor y puede tardar hasta seis meses.
¿Trato preferente?
La rapidez y el alto valor del apoyo recibido han generado escepticismo entre la comunidad y los actores políticos.
“Esto no sucede con cualquier vecino. En Isla de Maipo, hay familias que han estado esperando ayuda durante meses tras perderlo todo, y no han recibido nada similar”, declaró un dirigente comunitario que solicitó anonimato.
Se argumenta que el concejal Alfaro no se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. Además de su sueldo como edil, que supera el $1 millón mensual, también cuenta con ingresos como contador y de su participación en empresas familiares de asesoría financiera.
Apoyo comunitario y cuestionamientos éticos
Alfaro ha recibido respaldo de su comunidad, incluyendo una choripanada organizada por vecinos y empresas locales, así como una tallarinata solidaria convocada por la parroquia local.
Sin embargo, varios analistas consideran esta situación como “al menos poco ética”.
“En Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana hay familias que quedaron sin hogar por los incendios de febrero y aún están esperando soluciones. ¿Por qué este caso se resolvió en días?”, cuestionó una persona vinculada a la gestión de ayudas.
Investigación en curso: posible tráfico de influencias
Las denuncias sugieren la existencia de un posible caso de tráfico de influencias, uso indebido de redes gubernamentales y falta a la probidad.
El Ministerio Público ya está investigando para determinar si hubo irregularidades en los procesos y criterios aplicados. Además, no se descartan posibles sanciones administrativas para los funcionarios involucrados.
El caso mantiene bajo la lupa la gestión de la Delegación Presidencial de Talagante y las responsabilidades políticas del Frente Amplio en la región.
Con Información de chilelindo.org
