Proteger el medio ambiente en Chile puede tener un alto costo, como se demuestra en el caso de Alejandra Parra, miembro de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA), quien el lunes 3 de marzo presentó una querella por las amenazas que ha recibido debido a su labor en defensa de la naturaleza y los derechos ambientales frente al proyecto WTE Araucanía, el cual busca establecer un incinerador de residuos en el acceso norte de Lautaro.
La activista denunció ser víctima de una campaña de desprestigio en su contra, así como de un intento de asociación con actos de violencia en la región, a través de un video que circuló en internet.
Considerando que América Latina es considerada la región más peligrosa del mundo para los defensores del medio ambiente, la necesidad de investigar las acciones que buscan intimidar a Parra se vuelve aún más urgente.
Video para desacreditar a la activista
El video en cuestión fue compartido en Facebook, como un comentario en las cuentas de diversos medios.
El 18 de febrero, se divulgó un registro dentro de los comentarios de una publicación de Araucanía Diario, sobre la exposición de Alejandra Parra en el Concejo Municipal de Lautaro, donde presentó los riesgos asociados al proyecto WTE Araucanía.
El video, que fue compartido desde una cuenta personal, no indica quién es el responsable de la información presentada.
En el video se muestran siete fotografías de la defensora ambiental, se menciona su nombre completo repetidamente, se la acusa de propagar mentiras que ponen en peligro a la ciudadanía de Lautaro y se sugiere que tiene vínculos con el líder mapuche Héctor Llaitul. Además, se le implica en actos de violencia e incendios en La Araucanía.
Aunque el autor del video no es identificable, el contenido claramente favorece la construcción de la planta de incineración en Lautaro, acusando a Alejandra Parra de difundir información errónea sobre la contaminación que generaría la planta si fuera edificada.
«Alejandra Parra Muñoz, la activista que ha difundido falsas alarmas sobre el proyecto WTE sin respaldos científicos, intentando bloquear una solución moderna y segura para la crisis de residuos», comienza una voz en off en el material audiovisual, mostrando una imagen de la defensora del medio ambiente.
«Parra ha compartido información equivocada, afirmando que la planta WTE causaría serios problemas de salud, como la emisión de dioxinas cancerígenas …», continúa el video.
El material critica el modelo Basura Cero, el cual ha demostrado su eficacia en diversas partes del mundo, incluso en Chile. «Asimismo, defiende un modelo Basura Cero que ha fracasado en lugares más desarrollados, como San Francisco, Estados Unidos …», señala incorrectamente el video.
«Y aunque Parra afirma que existe un rechazo masivo de la comunidad, los datos evidencian que la oposición proviene mayormente de activistas externos, no de los residentes locales», indica la voz en off, en un intento de desinformar, ya que realmente los habitantes de Lautaro se oponen al proyecto WTE Araucanía.
Es importante señalar que el video fue compartido como comentario en otras publicaciones en medios digitales regionales con el fin de desprestigiar a Parra.
Además, el mismo contenido ha sido difundido de manera escrita en otros portales digitales.
Si bien el video no incluye amenazas directas, se percibe como una estrategia de intimidación contra la activista, quien ha desempeñado un papel crítico en la difusión de información técnica y de experiencias internacionales sobre los riesgos que conlleva la incineración de basura para la salud y el medio ambiente.
Esto es aún más relevante considerando el contexto territorial en que ocurren los hechos, ya que América Latina es el lugar más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente, acumulando el 85% de todos los casos documentados de asesinatos de activistas en 2023.
Por esta razón, en la querella presentada por Parra, se hace referencia al Acuerdo de Escazú, ratificado por Chile, que establece: “Defensores de los derechos humanos en materias ambientales: Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.
Este acuerdo vinculante para Chile incluye un protocolo de acción que “se aplicará cuando se produzca lesión o amenaza a la vida; a la integridad física y/o psíquica; a la honra; a la propiedad u otro derecho humano fundamental de una persona defensora de derechos humanos, siempre que dicha lesión o amenaza tenga su causa en el ejercicio de su labor de defensa de derechos”. (Artículo 6, protocolo, Acuerdo de Escazú).
Querella apunta a investigar la origen del material difamatorio
A pesar de que no se conoce la fuente del video, dado que se busca desacreditar a la activista por su oposición al proyecto WTE Araucanía, existen evidencias que sugieren una conexión entre las amenazas y quienes apoyan el proyecto: la empresa WTE Araucanía y La Multigremial Araucanía. Por esta razón, en la acción legal se solicita al Ministerio Público que investigue el origen del material difamatorio.
“El uso de este tipo de tácticas para desacreditar a quienes defendemos el medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas, ilustra lo perjudicial que es el proyecto WTE Araucanía, que ya fue rechazado en 2022 por la Comisión Evaluadora Regional y en 2023 por el Comité de Ministros. Actualmente, la empresa intenta nuevamente obtener permisos, habiendo interpuesto una reclamación en el Tribunal Ambiental de Valdivia, con una audiencia programada para el 13 de marzo”, afirmó la querellante.
“Es en este contexto que surge esta ofensiva que revela la falta de ética de quienes promueven un proyecto que solo generaría contaminación, enfermedades y pobreza si llegara a ejecutarse. Reiteramos que la incineración de residuos inevitablemente produce contaminantes altamente cancerígenos, que se bioacumulan y biomagnifican, afectando no solo el aire, sino también toda la cadena alimentaria. Además, el rechazo generalizado al proyecto es masivo y transversal, y existen alternativas viables, como la estrategia Basura Cero, implementada con éxito en más de 500 ciudades del mundo”, agregó.
Alejandra Parra, reconocida como Defensora de Derechos Humanos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en 2023, indicó que recurrirá al Protocolo de defensores ambientales de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que se ocupa de implementar el protocolo del acuerdo de Escazú en Chile.
Con Información de www.elciudadano.com