Profesor de Historia, analista político.
A seis años del estallido social del 18 de octubre de 2019, la sociedad chilena sigue reflexionando sobre las consecuencias de una fractura histórica. La crisis no fue un evento repentino ni un acto planeado, sino la acumulación de descontentos que se gestaron durante años bajo un modelo económico y político que prometía prosperidad. La revuelta evidenció una crisis estructural del orden vigente, y la falta de respuesta del sistema político resultó en una restauración conservadora que provocó el fracaso de los procesos constituyentes y el deterioro de la legitimidad democrática.
El estallido social debe entenderse como el resultado de tensiones acumuladas durante más de treinta años. A pesar del crecimiento económico, la inclusión social fue insuficiente. La ciudadanía se sintió atrapada en un entramado de promesas incumplidas, donde la desigualdad persistía. El 18-O representó una revuelta motivada por los costos morales del neoliberalismo, más que por una demanda concreta de un modelo alternativo.
La naturaleza espontánea del estallido reveló la profundidad del descontento y la ausencia de mediaciones institucionales efectivas. La política anterior había perdido su capacidad de representación, y el 18-O se convirtió en una explosión social que operaba como denuncia de abusos y como cuestionamiento pertinente de las instituciones.
El ciclo 2019-2020 se encuadra dentro de lo que algunos llaman el «momento populista». Este se caracteriza por la polarización entre «pueblo» y «élite», donde el lenguaje del conflicto simplifica cuestiones complejas en términos morales. Aunque se generó una identidad de resistencia, esto no propició la creación de liderazgos claros, ya que la desconfianza generalizada deslegitimó cualquier intento de representación.
La izquierda no logró presentar una propuesta clara en respuesta al estallido. Fragmentada y centrada en retóricas identitarias, fue incapaz de establecer una hegemonía cultural. Esto permitió que el descontento se reinterpretara en términos conservadores y de miedo, evidenciando así los límites de una protesta desprovista de rumbo político.
Revisionismo histórico de las derechas
Tras el estallido, ha surgido un proceso de revisión histórica por parte de las derechas que busca reinterpretar el 18-O como un conflicto interno y no como una crisis del modelo. Esta narrativa, promovida inicialmente por el presidente Sebastián Piñera, planteó al país como “en guerra” y despolitizó las causas fundamentales de la protesta, llevando a la criminalización del movimiento.
El uso de un lenguaje bélico ha sido utilizado por figuras de la derecha extrema para desviar la responsabilidad institucional y convertir demandas legítimas en percepciones de conspiración. Este revisionismo, promovido por medios afines, intenta restablecer el miedo como fundamento del orden y legitimar de nuevo el modelo neoliberal.
Sin embargo, esta interpretación ignora la magnitud y el carácter cívico de las movilizaciones. El 25 de octubre de 2019, más de dos millones de personas marcharon pacíficamente en Santiago, un evento que refleja la participación ciudadana. Reducir esta multitudinaria movilización a un acto de desestabilización, y negar el contexto de las violencias que ocurrieron, resulta en una tergiversación histórica.
La ambigüedad de la izquierda en la diferenciación entre violencia política y protesta legítima permitió que la derecha asocie el ciclo del 18-O al vandalismo. Así, la narrativa del miedo transformó la crisis social en una oportunidad para el establecimiento de un nuevo orden conservador, apuntando al miedo como cementado del espacio público.
La respuesta estatal al estallido resultó en un retroceso en derechos humanos, con informes documentando violaciones graves. La reacción institucional fue inadecuada y no se establecieron las responsabilidades políticas necesarias, lo que contribuyó a una erosión ética de la democracia.
A nivel institucional, el proceso constituyente representó una oportunidad que no se supo aprovechar. Los intentos de reemplazar la Constitución de 1980 concluyeron en fracasos que evidencian la descomposición del sistema político chileno. Ni la izquierda logró una propuesta integradora ni la derecha logró una narrativa de consenso, dejando la política chilena en un punto crítico de fragmentación.
El gobierno de Gabriel Boric, surgido del ciclo abierto por el 18-O, representa la transición de la protesta a la gestión estatal. Se enfrenta a desafíos significativos, ya que la polarización, la fragmentación del Congreso y un contexto económico complicado han complicado su agenda social, lo que ha llevado a la necesidad de moderar las expectativas iniciales.
Restauración conservadora
Este proceso no debe verse como una renuncia, sino como un reconocimiento de las limitaciones actuales. El gobierno ha expresado un compromiso con los derechos humanos y con la construcción institucional. Sin embargo, esta moderación ha generado percepciones de continuidad, lo que ha convertido al gobierno en un estabilizador del ciclo del 18-O.
A seis años del estallido, el país transita por una restauración conservadora. La agenda pública se centra en el orden y la seguridad, mientras que los índices de confianza institucional son bajos. La derecha ha capitalizado el descontento y ha vinculado la crisis con un discurso punitivo, complicando aún más la situación para la izquierda moderada.
El 18-O selló un ciclo de legitimidad agotado y evidenció tanto los límites del neoliberalismo como la fragilidad de las alternativas. La transición de la protesta a la institucionalización terminó en frustraciones. La crisis no se ha resuelto, sino que se ha transformado en resignación colectiva. El actual contexto electoral vuelve a poner de relieve estas tensiones.
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