En el frontis del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile,
el jueves 7 de agosto, cinco de las organizaciones que forman parte del Espacio Día a Día por Julia
Chuñil, la Comisión Ética Contra la Tortura, el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), el Centro
Ecocéanos y la Plataforma Chile Mejor sin TLC, presentaron el informe “De la sociedad civil al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su 78º período de sesiones”.
El documento, que abarca 15 páginas y anexos, denuncia
un alarmante retroceso en la garantía de los derechos humanos, sociales y ambientales en Chile, así como una intensificación del modelo extractivista justificado por la transición energética.
Las organizaciones advierten sobre una política estatal que propicia la impunidad, criminaliza la protesta social y socava la protección de
defensores y defensoras de derechos humanos, especialmente en contextos territoriales e indígenas.
A casi nueve meses de la desaparición forzada de la defensora mapuche Julia
Chuñil Catricura de 72 años, el Estado no ha proporcionado respuestas efectivas.
“Las medidas cautelares concedidas por la CIDH y la presión de las organizaciones de derechos humanos no han sido suficientes para activar una búsqueda real ni para garantizar justicia. El caso de Julia refleja la desprotección estructural hacia las defensoras ambientales, especialmente las mujeres indígenas, y revive prácticas represivas propias de épocas anteriores”, indican.
El informe también critica la Estrategia Nacional del Litio,
“impulsada por el gobierno bajo el pretexto de una transición energética”. Según las organizaciones, esta estrategia perpetúa el extractivismo
y amenaza con convertir los salares y ecosistemas del norte en nuevas zonas de sacrificio. Se denuncia que más del 70% de los salares ha sido declarado explotable, sin garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, ni una evaluación ambiental que contemple la participación real de estas comunidades.
Entre los aspectos más relevantes del informe, destaca la denuncia de
“leyes regresivas como la Ley Naín Retamal y la Ley Antiterrorista, que facilitan el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales; la preocupante situación de zonas de sacrificio como Quintero-Puchuncaví y Calama; la privatización del agua en manos de industrias; y el avance de proyectos mineros y energéticos que violan el consentimiento indígena y amenazan ecosistemas frágiles, como los salares altoandinos”, afirman.
Finalmente, las organizaciones
alertan sobre “las graves consecuencias sociales, laborales y ambientales de la industria de la salmonicultura en el sur del país”. El informe menciona la muerte de al menos 81 trabajadores, principalmente buzos, entre 2013 y 2025, además del uso masivo de antibióticos y la contaminación crítica de ecosistemas marinos.
“La actividad salmonera, que recibe subsidios estatales, ha sido considerada por expertos internacionales como una de las principales amenazas para la biodiversidad de la Patagonia chilena”, concluye el documento.
Medidas urgentes de reparación
Lucía Sepúlveda, vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios y Chile Mejor sin TLC, expresó: “En estas horas queremos exigir que se haga justicia y verdad, tras 9 meses de la desaparición de Julia
Chuñil, defensora ambiental y de los derechos de su pueblo en
Máfil, en su comunidad rural. Lo que sucedió con Julia está relacionado con el retroceso en derechos humanos y ambientales en Chile, a causa de nuevas leyes como la Naín Retamal que permiten la impunidad por violaciones a los derechos de los pueblos, así como el cierre de las causas por la revuelta popular. También debemos enfatizar que el gobierno, que firmó el Acuerdo de Escazú, tiene la responsabilidad de proteger a los defensores ambientales.”
Para Juana Aguilera, presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura, “hay una falta de respuesta por parte del Estado respecto a acciones, tanto nacionales como extranjeras, que no abordan los daños al medio ambiente y a las personas… Esta fractura social termina por costar la vida de muchas personas que, por necesidad, trabajan en condiciones adversas en las que pueden perder la vida”.
Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecocéanos, mostró su preocupación, señalando que “se está iniciando una nueva fase de asalto a territorios, recursos naturales y comunidades locales en un contexto en el que se busca eliminar toda resistencia social”.
Agregó que “la elaboración de un proyecto de ley por parte de la bancada que controla la industria salmonera busca criminalizar y silenciar a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores de la naturaleza y derechos humanos, además de amenazar a los periodistas que cubren información que incomoda al Estado o a grandes empresas. Hacemos un llamado a la sociedad a estar alerta y organizarse”.
Las organizaciones exigen al Estado chileno implementar medidas urgentes de reparación, no repetición y protección efectiva a las comunidades y territorios afectados, así como cumplir con los estándares internacionales en derechos humanos y ambientales.
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