El Ciudadano
En la madrugada del 27 de febrero de 2010, Chile fue sacudido por uno de los terremotos más destructivos de su historia. Con un epicentro ubicado en el mar frente a la Región del Biobío, el sismo provocó un tsunami que afectó principalmente a las localidades de Constitución, Dichato y Talcahuano.
A las 03:34 AM, el país experimentó un intenso movimiento telúrico de magnitud 8,8 que hizo temblar la zona centro-sur, con el epicentro a 150 km al noroeste de Concepción.
El terremoto se prolongó por cerca de tres minutos y afectó al menos a siete regiones del país.
Poco después del sismo, surgió otra amenaza: el maremoto. A las 03:45, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) emitió una advertencia a Chile y Perú sobre la inminente llegada de una marejada. No obstante, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), responsable de las alertas en Chile, cometió un grave error al cancelar la alerta de tsunami, lo que impidió una evacuación masiva.
Entre las 04:00 y 05:00 AM, el SHOA informó a la ONEMI que no había riesgo de tsunami, a pesar de que apenas minutos después, olas devastadoras ya estaban impactando localidades costeras del centro-sur, como Dichato, Constitución e Iloca.
La ausencia de una red de mareógrafos en tiempo real y la mala interpretación de los datos de alerta internacional llevaron a esta decisión fatal. Mientras otros países del Pacífico mantenían sus alertas, en Chile la evacuación no se llevó a cabo a tiempo.
Como resultado, la entonces presidenta Michelle Bachelet, basándose en la información incorrecta proporcionada por las instituciones pertinentes, declaró públicamente que no había alerta de tsunami, lo que causó confusión en la población durante la madrugada.
En años posteriores, se realizaron modernizaciones en los sistemas de alerta temprana y en 2012 un fallo judicial condenó a seis exfuncionarios del SHOA y la ONEMI por negligencia, lo que destacó la necesidad de establecer protocolos más rigurosos para enfrentar emergencias de este tipo.
Por otro lado, mientras fallaba la comunicación oficial, los radioaficionados emergieron como un elemento clave durante la crisis en el sur. Organizaciones como el Radio Club de Chile (RCCh) habían creado previamente redes de emergencia en VHF y HF, lo que les permitió operar de forma independiente y efectiva.
Adicionalmente, estos radioaficionados colaboraron intensamente con entidades como la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) y la Cruz Roja, mediante simulacros y la implementación de protocolos de comunicación en situaciones de emergencia.
Una encuesta del Centro de Estudios Públicos de Chile (CEP) reveló que las compañías de telecomunicaciones tuvieron la peor calificación, con solo un 20% de aprobación.
Es importante recordar que este oscuro episodio en la historia sísmica del país resultó en la muerte de más de 520 personas y cerca de 2 millones de damnificados.
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