50 años del Plan Cóndor: Relato de Odette Magnet sobre la desaparición de su hermana durante la dictadura militar en Argentina.

Periodista y escritora chilena

Quiero aprovechar esta ocasión para reflexionar sobre el impacto de la Operación Cóndor en la sociedad chilena, y cómo los ciudadanos respondieron a este siniestro plan, que dejó como legado la tortura, así como miles de secuestros, desapariciones y asesinatos.

Con el tiempo, se pueden formular ciertas verdades que, aunque parezcan evidentes, son innegables.

Hablo como hermana de María Cecilia (27 años, socióloga) y cuñada de Guillermo Tamburini (32, médico argentino). Ambos fueron secuestrados de su hogar en Buenos Aires en la madrugada del 16 de julio de 1976, víctimas del Plan Cóndor. Se habían refugiado en Argentina tras huir de la dictadura chilena a finales del ’73. Sus cuerpos aún no han sido localizados, y no sabemos cómo ni dónde fueron eliminados. Completar el rompecabezas es imposible, ya que quienes perpetraron estos crímenes -dos han sido enjuiciados y condenados- permanecen en un silencio cobarde. Argentina, sin embargo, se ha convertido en un referente mundial en términos de justicia: pocos países han llevado a los represores a juicio civil y condenado a los líderes militares responsables.

La sociedad argentina ha abrazado con firmeza la defensa de los derechos humanos y ha mostrado solidaridad con las familias de las víctimas de la Operación Cóndor. Fue un proceso complicado, lleno de turbulencias, pero prevaleció la cohesión social y el compromiso con la verdad, la memoria y la justicia. Esta es una lección que deberíamos aprender los chilenos, quienes a menudo tememos al conflicto.

En Chile, se ha avanzado en este ámbito. Por ejemplo, el 14 de diciembre de 2023, la Corte Suprema confirmó unánimemente las condenas a 22 agentes de la ex DINA por los secuestros y homicidios de algunas víctimas de la Operación Cóndor, y se ordenaron medidas de reparación. Además, la reciente implementación del Plan Nacional de Búsqueda es una muestra clara del compromiso del Presidente Boric y su administración en apoyar nuestra lucha.

Es importante ser claros: nuestra búsqueda ha sido bastante solitaria, con poco apoyo de nuestros compatriotas. En general, la sociedad chilena no ha estado presente en nuestro sufrimiento y causa. Ha faltado solidaridad y empatía. En el ámbito gubernamental, desearíamos un respaldo más firme de los diferentes gobiernos democráticos que nos han sucedido.

Hoy en día, la mayoría de los jóvenes en Chile ignoran lo que fue el Plan Cóndor.

Eduardo Galeano afirmaba que “el derecho a recordar no figura entre los derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas, pero es más necesario que nunca reivindicarlo y ponerlo en práctica: no para repetir el pasado, sino para evitar que se repita; no para que los vivos seamos eco de los muertos, sino para poder hablar con voces que no estén condenadas al eterno lamento de la desgracia.”

Esta reflexión es pertinente en tiempos de turbulencia como los que estamos viviendo, donde las democracias enfrentan desafíos y se ven amenazadas por el fascismo, que no garantiza la promoción, defensa y protección de los derechos humanos. A la luz de los recientes resultados electorales, nuestro país no parece ser la excepción.

A pesar de los avances significativos en la búsqueda de justicia para las víctimas del Plan Cóndor, muchos crímenes siguen ocultos bajo un velo de impunidad y silencio. No es casualidad que su existencia haya sido ignorada durante tanto tiempo. En Chile, el Plan fue invisibilizado, en gran parte debido a los medios de comunicación controlados por grandes grupos económicos, cómplices de la dictadura. La búsqueda de los detenidos desaparecidos fue desestimada por la prensa oficialista, reafirmando que lo que no se comunica no ocurrió. Y cuando lográbamos romper el cerco informativo, la fuente obligada era la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, no las familias de las víctimas del Cóndor. En un clima de desconfianza y temor, compartir información era complicado, incluso nuestro dolor. Muchos optaron por el silencio y el repliegue, convirtiendo a Chile en un país de ghettos.

Muchos familiares de desaparecidos residían en el extranjero. No había coordinación entre nosotros y muchos no conocíamos a los demás. Estábamos en un desamparo absoluto.

Una amiga, cuya pareja también es una víctima del Cóndor, me comentaba que tuvo que enseñar a sus hijos a mentir cuando eran pequeños. Les decía: “Cuando les pregunten sobre su papá, digan que murió en un accidente”. Decir que era un detenido desaparecido argentino era peligroso.

Bajo la protección de Pinochet, y con la complicidad de amplios sectores de la sociedad chilena, es indiscutible que una parte importante de la población validó el terror y la represión. La derecha, apoyada por las autoridades gubernamentales, se sumió en un profundo y malsano negacionismo, impulsado por el deseo de olvidar lo sucedido. Desde el principio, el tema de los detenidos desaparecidos fue presentado como un drama familiar y no como un problema nacional.

Esta percepción persiste hasta hoy. La mentalidad de “si no me afectó directamente, no es mi problema” ha sido un reflejo del individualismo imperante. Las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura son un tema incómodo y no ha sido una prioridad real en la agenda de los gobiernos. Muchas familias han sentido algo similar.

Recientemente, una periodista le preguntó a Evelyn Matthei sobre los detenidos desaparecidos, y su respuesta fue: “¡Soporrrrrr!”

En su libro “La Operación Cóndor, memoria y derecho”, Juan Mario Solís menciona que “se consolidó la impunidad y la inapelabilidad del poder para intentar garantizar la obediencia o la indiferencia. La tortura, el asesinato, la exhibición de cadáveres mutilados y las desapariciones fueron formas de marcar y grabar.”

En contraposición, las familias de las víctimas, respaldadas por organizaciones de derechos humanos, no se rindieron. Aunque algunos les consideraran majaderas, persistieron en su afán de encontrar a sus seres queridos y denunciar los abusos. Recordemos la tristemente célebre frase del entonces presidente de la Corte Suprema chilena, Israel Bórquez, quien se quejó de que “los detenidos desaparecidos me tienen curco.”

La perseverancia de las integrantes de esa agrupación no se desvaneció. Decenas de mujeres, provenientes de diferentes ámbitos, se reunían en manifestaciones en los tribunales de justicia, rodeando con valentía a esa mujer de piedra, imperturbable, ubicada a los pies de una hermosa escalera. La recriminaron con maldiciones, la imploraron como a los santos mudos de los altares cristianos. Si hubiesen podido, habrían encendido velas y hecho promesas. Ante todas las adversidades, deseaban y necesitaban confiar en que algún día la justicia prevalecería, ansiosas de obtener respuestas a su constante pregunta: “¿Dónde están?”

Hoy conmemoramos los 50 años del Plan Cóndor, honrando las vidas y los nombres de sus víctimas. No puedo evitar pensar en aquellos que abogan por la reconciliación y la necesidad de pasar la página, levantando su copa en cócteles donde las palabras caen como bolas de fuego en una hazaña circense que culmina en brindis. Sospecho que esta escena se repetirá con frecuencia en los años venideros. Se avecinan tiempos difíciles.

La comunidad exige justicia. Ignorar el pasado bajo un manto de amnesia colectiva es rechazar el aprendizaje de los errores cometidos. La historia nos enseña que los pueblos que no reconciliaron su pasado tienen dificultades para imaginar su presente y futuro.

Muchas gracias.

Nota de la redacción: nuestra colega y colaboradora de Página 19 participó en un conversatorio acerca de los 50 años del Plan Cóndor, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

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