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La Asamblea Ecologista de Chile, junto a 261 organizaciones socioambientales, ha manifestado su desacuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de no considerar el requerimiento de inconstitucionalidad que 42 legisladores, liderados por Daniel Melo, presentaron contra el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.
Esta resolución fue adoptada el 22 de julio, con la participación de los ministros María Pía Silva Gallinato, Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera Muñoz, Héctor Mery Romero y Marcela Peredo Rojas, mientras que Daniela Marzi Muñoz, Nancy Yañez Fuenzalida, Catalina Lagos Tschorne y Alejandra Precht Rorris votaron en contra.
Según el comunicado de la Asamblea, el TC evitó abordar el fondo del asunto, renunciando a su deber de proteger derechos fundamentales como el acceso a un medio ambiente libre de contaminación, derecho a la salud y un debido proceso administrativo justo y racional.
“Esta decisión es una grave omisión institucional frente a una norma que debilita los mecanismos de control sobre actividades que podrían amenazar la vida, salud e integridad de las personas y ecosistemas”, añadieron.
Además, afirmaron que “la decisión deja a las comunidades desprotegidas en áreas críticas como la defensa de su salud y de los lugares donde viven y trabajan. Esto impacta no solo en los ecosistemas, sino en la calidad de vida de millones, en un país que se llena de orgullo por su ‘riqueza natural’, pero que no la defiende cuando se trata del interés empresarial”.
Críticas a la Ley Marco de Permisos Sectoriales y al Gobierno
Recordaron que “la ley permite la aprobación de proyectos mediante ‘silencios administrativos’, ‘declaraciones juradas’ o simples ‘avisos’, eliminando revisiones técnicas y ambientales esenciales”. Esto favorece a los sectores empresariales, dejando a las comunidades y ecosistemas vulnerables.
Las organizaciones firmantes advirtieron que “esta ley infringe principios fundamentales en la legislación y el derecho internacional como el principio de no regresión, el principio de prevención, el principio de precaución y la participación ciudadana”.
Además, señalaron que se altera el rol de instituciones como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), introduciendo criterios de inversión que contradicen su misión y afectan los derechos de los pueblos indígenas garantizados por tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT.
Por otro lado, criticaron la actuación del Gobierno, que “ha promovido esta ley junto a sectores empresariales, presionando para su aprobación y contradiciendo su compromiso de ser un ‘gobierno ecológico’. Esta acción aleja las promesas hechas a los movimientos socioambientales y contraviene el Acuerdo de Escazú, contribuyendo a consolidar un modelo que prioriza las ganancias sobre los derechos de las personas y la protección del entorno”.
“Debemos continuar uniendo fuerzas entre quienes luchan”, afirmaron.
Finalmente, manifestaron que la decisión del TC representa un precedente preocupante de desregulación ambiental, con impactos potenciales en comunidades, ecosistemas y la salud pública. Reafirmaron la «necesidad de coordinar luchas y resistencias desde los territorios, no solo en relación a esta ley, sino a todas las iniciativas que buscan desproteger la naturaleza en el Congreso”.
Por último, expresaron que “en el contexto de crisis climática y ecológica, resulta incomprensible la postura del gobierno y sus autoridades al ignorar las graves consecuencias que enfrenta la población”. El país no necesita menos controles ni más extractivismo, sino más democracia ambiental, justicia ecológica y protección de los derechos humanos, de la naturaleza y de los animales.
Escrito por el equipo de la Asamblea Ecologista de Chile
Enlace para leer la declaración completa.
https://drive.google.com/file/d/10kMXXtgdDNhwXFpqjGxvDrl_ceHX3Ofx/view?usp=sharing
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