Uno de los aspectos más críticos de la presidencia de Gabriel Boric en Chile ha sido la eliminación de numerosos campamentos establecidos por grandes cantidades de ciudadanos que no han logrado obtener una vivienda digna. Estas acciones, realizadas con violencia por las fuerzas policiales, incluyen la destrucción de construcciones precarias y el desalojo forzado de sus habitantes, si se considera necesario.
Aunque estas medidas son autorizadas por los tribunales, es el Ejecutivo el que tiene la prerrogativa de emplear la fuerza pública para llevarlas a cabo, proyectando una imagen sombría de la lucha contra la pobreza en nombre de la ley y el orden. Este proceso ha dejado a miles de familias, después de extensos litigios y apelaciones, sin otra opción que confrontar una institucionalidad que parece favorecer el derecho a la propiedad privada de algunos sobre el derecho a una vivienda digna para todos.
Resulta difícil entender la renuencia de algunos propietarios a negociar la venta o indemnización por terrenos generalmente no utilizados, especialmente en áreas como Valparaíso y San Antonio, y más aún en el norte del país. La resistencia parece impulsada por la codicia y se ignora el sufrimiento de los desplazados y los migrantes, a menudo atraídos por el gobierno para trabajar en sectores como la minería y la agricultura.
La incapacidad del actual gobierno, declarado de centro-izquierda, para mediar acuerdos entre los ocupantes de estos campamentos y los propietarios legales también es decepcionante, especialmente si se considera cómo, en el pasado, el Estado gestionó la redistribución de tierras y protegió los asentamientos irregulares que dieron lugar a nuevas comunidades.
Resulta desolador constatar que algunos ven las erradicaciones como victorias, mientras que los afectados se ven obligados a vivir en condiciones aún más precarias. La infiltración del narcotráfico en estos lugares es también una consecuencia lamentable, exacerbada por la falta de alternativas económicas dignas.
El gobierno aún tiene tiempo para redirigir su enfoque hacia la justicia social, un objetivo que debería estar en el corazón de una verdadera democracia. Es posible que requiera movilización popular para rechazar cualquier intento de anteponer el estado de derecho sobre la voluntad del pueblo, en busca de un cambio sustancial y justo para todos.
El análisis completo sobre esta situación está disponible aquí.
Con información de https://www.pressenza.com/es/2025/11/las-bochornosas-erradicaciones-de-campamentos/
