La iniciativa legislativa en Israel que permite la pena de muerte para personas acusadas de «terrorismo» ha causado conmoción internacional tras su primera aprobación en la Knéset. Impulsada por la ultraderecha de Fuerza Judía y avalada por el ejecutivo de Netanyahu, ha generado críticas no solo de organizaciones de derechos humanos sino también por su conflictiva naturaleza. Esta ley infringe principios básicos de legalidad al contemplar su aplicación retrospectiva, aloja una definición ambigua de «terrorista» abriendo la puerta a la arbitrariedad, y se aleja del núcleo de compasión fundamentado en las tradiciones judía, cristiana e islámica. Juristas internacionales advierten que lejos de asegurar la paz, propiciará más sufrimiento y dañará el legado de Israel, dejando en manos de la judicatura la defensa de la legalidad y la humanidad.
Itamar Ben Gvir ha logrado avanzar su propuesta de pena de muerte para «terroristas» en Israel, marcando un precedente preocupante. La coerente coalición gubernamental bajo Netanyahu, con el vigoroso respaldo del partido Poder Judío, ha suscitado alarmas a nivel global por las implicaciones legales y éticas de tal medida. Esencialmente, su aplicación retroactiva y la vaguedad en definir qué constituye actos de «terrorismo» contradicen fundamentos jurídicos universales y traicionan principios éticos arraigados en las tradiciones abrahámicas. Esta legislación, percibida como una respuesta a los ataques del 7 de octubre, podría profundizar las fracturas sociales e históricas de Israel en lugar de fortalecer su seguridad.
La Knéset israelí, al aprobar esta ley en primera lectura, desafía convencionales límites jurídicos y éticos heredados de tradiciones legales milenarias y de la justicia islámica. La posibilidad de su promulgación plantea serias interrogantes sobre la mejora de la seguridad y moral en una sociedad marcada por la violencia. La ley se erige sobre pilares problemáticos como la retroactividad y una definición amplia y ambigua de «terrorismo», lo que podría derivar en injusticias, persecuciones arbitrarias y un alejamiento de prácticas judiciales restaurativas.
El proyecto de ley israelí no solo ignora siglos de evolución ética en las tradiciones judeocristianas e islámicas hacia la misericordia y la justicia, sino que se fundamenta en un esquema retributivo severo. Abandona las enseñanzas de moderación, redención y compasión, orientándose por un principio de venganza que contradice la sabiduría inherente a sus propias herencias culturales y religiosas.
En este escenario controversial, los jueces de Israel enfrentan un imperativo moral y profesional: la objeción a una ley que viola el principio de legalidad, es ambigua en su definición de delitos, inhumana en su eliminación de la proporcionalidad y suscitada en un clima de venganza. La independencia judicial se presenta como el último bastión en salvaguarda de la justicia verdadera y los principios fundamentales del derecho.
Esta legislación representa una amenaza al espíritu jurídico y moral, no solo al violar estándares internacionales de justicia, sino al atentar contra principios universales de misericordia y equidad. Al instituir un sistema penal basado en la retaliación y no en la reparación, Israel enfrentará un posible futuro de crítica y revisión histórica. Esta medida, muestrada como respuesta a actos violentos, podría irónicamente perpetuar ciclos de violencia, alejando así a la sociedad israelí de ideales de justicia restaurativa y comprensión mutua en favor de una lógica de venganza.
Con información de https://www.pressenza.com/es/2025/11/israel-y-la-la-pena-de-muerte-por-terrorismo-la-traicion-a-la-mejor-tradicion-legal-y-moral/
